En la denuncia, realizada por Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, también se apunta a la "falsedad en el informe de gestión" del Jefe de Gabinete.
Adorni, en su última presentación en Diputados.
Se abren frentes contra Manuel Adorni luego de que presente su declaración jurada. En simultáneo a la investigación judicial y los pedidos del Congreso para que abandone su cargo, dos diputados lo denunciaron por rectificar tardíamente su información patrimonial.
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Este viernes se conoció una denuncia penal de Mónica Frade y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) por "la comisión de los delitos de omisión maliciosa en las declaraciones juradas patrimoniales de los años 2024 y 2025" con el agravante de la "falsedad en el informe escrito de gestión". La pena por esos delitos puede implicar una condena en prisión de entre 3 a 8 años.
Entre sus argumentos, los diputados apuntan a que el jefe de Gabinete incurrió en "una intención deliberada de ocultamiento, para evitar no sólo el pago de impuestos, sino todo control de legalidad" y subrayaron las contradicciones en su informe de gestión, presentado el pasado 29 de abril: "No es un simple acto administrativo [...] adquiere condición de documento público".
Las acusaciones llegan tan solo un día después de la presentación de la declaración jurada de Manuel Adorni, que provocó una rápida reacción de indignación entre opositores y aliados al Gobierno nacional: tanto en el Senado como en Diputados se presentaron proyectos para interpelar y aprobar una moción de censura contra el funcionario, lo que implicaría su remoción del cargo. El peronismo, el bloque de Provincias Unidas, el PRO y la UCR expresaron públicamente su postura de rechazo a las explicaciones patrimoniales del jefe de Gabinete, lo que le condecedería -de replicarse en postura parlamentaria- una amplia mayoría para que Adorni tenga que abandonar el Gobierno.
La situación judicial de Manuel Adorni ingresó en una nueva etapa. Luego de que el jefe de Gabinete presentara su declaración jurada rectificativa y reconociera públicamente que había omitido informar aproximadamente u$s500.000 en efectivo, la fiscalía federal que interviene en la causa ya comenzó a analizar la documentación patrimonial remitida por la Oficina Anticorrupción.
Lo que empezó como una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito podría abrir nuevos frentes judiciales. Con las declaraciones juradas públicas ya en manos de la fiscalía, comenzaron a examinarse inconsistencias patrimoniales que podrían derivar en nuevas hipótesis de trabajo, desde una eventual omisión maliciosa en la presentación de bienes hasta posibles maniobras de lavado de activos.
Según pudo saber Ámbito, la fiscalía ya cuenta con las declaraciones juradas públicas del funcionario y avanza en el estudio de la evolución de sus bienes y de las diferencias detectadas entre las distintas presentaciones realizadas ante los organismos de control. Sin embargo, la documentación remitida hasta el momento no está completa. Todavía se aguarda el envío de las declaraciones juradas reservadas, que contienen información sensible no disponible para consulta pública y que suele incluir datos sobre cuentas bancarias, activos financieros y otra información patrimonial detallada.
La ausencia de ese material es considerada relevante en la Justicia, ya que uno de los principales objetivos de la pesquisa es reconstruir de manera integral el patrimonio del funcionario y determinar si existe correspondencia entre los bienes declarados, sus ingresos y los movimientos financieros registrados.
Según fuentes vinculadas al expediente, la información aportada hasta ahora no incluiría datos completos sobre una cuenta asociada a operaciones con criptomonedas que figura entre los elementos bajo análisis.
Informe Vanesa Petrillo.-