Diputados voltearían decretos de Duhalde

Los movimientos institucionales que se registrarán en los próximos días en torno a la polémica electoral acaso terminen por demostrar que, con el decreto reglamentario de la interna abierta (Nº 1.397), Eduardo Duhalde no ha hecho otra cosa que ponerse la soga al cuello.

Una de las playas de maniobra será, indudablemente, el Congreso. Allí se presentaron, entre otros, dos proyectos de ley cuyo contenido principal es contundente: por un lado, se insiste en que las internas simultáneas deben realizarse con un padrón que consigne afiliados a cada partido y no afiliados a ninguno; por otro, se obliga a todos los partidos, se presenten o no en ellos más de una lista de candidatos, a realizar elecciones internas. Los autores del proyecto son los diputados Lelia Chaya (Salta) y Manuel Baladrón (La Pampa).

Ambas condiciones, que el menemismo viene reclamando desde que se firmaron los decretos que reglamentan la salida electoral (el 6 de agosto), conducen al mismo objetivo: que los afiliados a un partido no puedan intervenir en la disputa de otro. La perspectiva de éxito de estos proyectos es bastante alta, entre otras cosas porque varios partidos -incluyendo a la UCR-reclaman reglas de juego similares. Si se suman las firmas que apoyan a todas las iniciativas, se advertirá que son más de 100. Como para la «insistencia» (así se llama a la reposición por parte del Congreso de una cláusula vetada por el Ejecutivo) se requieren 2/3 de los presentes en la Cámara, ese caudal legislativo garantiza que los legisladores están en condiciones de doblarle el brazo a Duhalde en la reglamentación.

• Tarea difícil

Si se produce una resolución de este tipo por parte del Congreso, algunos jueces electorales se verán en aprietos. Deberán sí o sí confeccionar padrones de afiliados e independientes, lo que se constituye en una tarea dificultosa en distritos como la provincia de Buenos Aires. Para depurar los padrones, es decir, para que no aparezcan allí personas con más de una afiliación o afiliados que nunca firmaron realmente una ficha (es decir, los afiliaron sin su consentimiento), harán falta recursos, sobre todo para la informatización del sistema. Si no se realiza de ese modo la depuración, los magistrados estarán expuestos a que aparezcan denuncias por parte de quienes no podrán votar como independientes porque aparecen con afiliaciones que nunca realizaron. Entonces el problema será para los jueces: ellos están obligados a mantener los padrones en regla. «Ya hay varias agrupaciones que piensan hacer pedidos de juicio político en el Consejo de la Magistratura por incumplimiento de una tarea que es primordial en la Justicia Electoral», explicó ayer un legislador a este diario. Si, en cambio, se quiere llevar adelante la depuración, es posible que no se pueda cumplir el cronograma fijado por el propio Duhalde. Fue el planteo que le hizo la diputada Chaya a José María Díaz Bancalari, comisario electoral del duhaldismo en la Cámara baja. «Mono -le dijo la salteña-, ustedes no quieren limpiar los padrones porque mane-jan fichas 'truchas' y con eso han dominado el congreso del partido, que preside Duhalde. Pero esconden otra carta debajo de la manga porque, para hacer el padrón como Dios manda, querrán quedarse más tiempo en el poder y terminar el mandato en diciembre». Díaz Bancalari no respondió. Hasta a él le cuesta defender la ingeniería montada por su amigo Duhalde. No es un tema menor el que le reprochó Chaya a Bancalari: las afiliaciones apócrifas constituyen delitos por los cuales puede haber castigo penal.

Más allá de este laberinto en que está encerrado el gobierno, hay tareas elementales que demandaría una interna como la prevista para el 24 de noviembre que están lejos de haberse realizado: por ejemplo, disponer los fondos necesarios para solventar los gastos, que por lo menos demandarán fondos por $ 40 millones (Alfredo Atanasof, el jefe de Gabinete, deberá detectar de qué partida saldrán esos recursos).