DNI: nuevo intento en el último minuto

Ultimo intento de Aníbal Fernández, sobre el filo del fin de año, para avanzar con un proyecto con demasiados contratiempos: la creación de un nuevo documento de identidad, esta vez digital. Sueño de todos los ministros del Interior cuando llegan al cargo. Pesadilla de casi todos ellos cuando lo abandonan.

Los ensayos y relanzamientos de esta iniciativa por parte de la actual gestión en la cartera política han sido innumerables. Pero siempre encontraron una barrera en el despacho de Néstor Kirchner. El último intento fue, como había adelantado este diario, un proyecto segmentado por el cual se avanzaría primero en una base de datos que, en otra etapa, serviría de sostén para la nueva documentación. Se convocó a dos operaciones, una licitación para crear una nueva base de información para el Registro Nacional de las Personas y una ampliación del contrato que ya tiene la Policía Federal con la empresa SAGEM para identificación de huellas digitales con destino criminológico.

Tampoco tuvieron suerte en Olivos estos empeños. Pero, cuando el Presidente se marchó hacia Santa Cruz a festejar la Navidad, desde el ministerio se realizó una nueva convocatoria a las empresas ligadas al negocio. Deberían visitar un centro de operaciones localizado en Parque Patricios (se estableció allí en el intento anterior, el que celebró el gobierno de Carlos Menem con los alemanes de Siemens, denunció Fernando de la Rúa y que, ahora, se discute en el CIADI). Las compañías deben hacer una propuesta para recuperar información histórica, que ya existe en poder del aparato de seguridad federal, pero muy deteriorada. Se trata de huellas digitales de los dedos índice y pulgar de cada mano, que deben procesarse electrónicamente. Eso sí, la propuesta de las compañías debe presentarse antes del 29 de diciembre. Una urgencia rara, una rapidez casi idéntica a la del viaje de Kirchner.

Quien primero llamó la atención de la Casa Rosada sobre las peculiaridades de estas bases de datos fue el responsable técnico de la iniciativa, Eduardo Thill. Es el director de Gestión Informática del ministerio quien, hace un mes, le explicó al diario oficialista «Página/12» que el Registro Nacional de las Personas llamaría a licitación para instalar un sistema AFIS (Authomatic Fingerprint Integrated System), es decir, un sistema de identificación electrónica de huellas dactilares, capaz de constituir una gran base de datos de uso civil en ese registro. El pliego de la licitación estaba referido a «puestos de captura biométrica» pero un par de expertos a los que consultó Kirchner para decidir sobre la operación le advirtieron detalles llamativos. Por ejemplo, que también se «capturan» -según señalan los anexos-datos como la foto de la persona, lo que hizo pensar en que se estaba planeando nuevamente la creación de un nuevo documento de identidad sobre un molde que en Olivos ya habían vetado. Curioso: en el reportaje que le realizaron en «Página/12», Thill se encarga de aclarar que nada de lo que está promoviendo tiene que ver con un nuevo documento. Pero Kirchner, por lo visto, no le creyó.

En la oficina presidencial se conserva un viejo «mapa» de lo que, según presunciones de un grupo de técnicos a los que el Presidente encomendó el seguimiento de esta contratación, sería el diseño del negocio. Son presunciones, claro, avaladas por alguna documentación: como las filmaciones que hizo hacer el propio santacruceño sobre funcionarios y directivos de empresas que negociaban aspectos del pliego y que fueron publicadas recientemente en un libro periodístico (ya llega la feria judicial y el ministro Fernández sigue sin querellar al autor del texto, por lo que se sabe).

El plan original que supuso Kirchner y por el cual dio de baja el proyecto era que el negocio se distribuiría entre las firmas NEC, IAFIS, Motorola (a través de la filial Printrack, que serviría a la interconexión de todos los puestos de identificación de personas, sobre todo los migratorios) y Datastar, un empresa de ingeniería que, es curioso, está presente en todos los intentos que se conciben en el ministerio.

Otro dato llamativo: la similitud de estas presunciones que le atribuyen al Presidente con los integrantes del Congreso sobre Biométrica que se realizó en Buenos Aires a mediados de noviembre pasado. Según los expertos consultados, habría que creerle a Thill, a José Lucas Gancerain (mano derecha de Fernández en la administración del ministerio) y al propioministro cuando apuntan que esta vez no es como las anteriores y que la base de datos que se intentaba licitar sería insuficiente para servir de soporte a un DNI electrónico. Pero al lado de Kirchner observan que esta licitación no debería desconectarse de la contratación directa por exclusividad, anunciada el 10 de noviembre pasado por la Policía Federal, para ampliar la base de datos de uso criminal que sirve al DNI actual, bajo un sistema SAGEM, que en la Argentina sólo provee la firma IAFIS.

Preocupaciones

La ampliación del convenio implica duplicar de 5 a 10 millones la cantidad de huellas dactilares que puede procesar el sistema de identificación con destino policial. Aquí aparece una de las preocupaciones que hoy anidan en la cabeza de Kirchner y sus asesores en relación con este proceso: las disposiciones sobre contrataciones del Estado nacional prohíben la segmentación de adquisiciones de bienes del mismo rubro. Por otra parte, la hipótesis por la cual de nuevo fue vetado el proceso licitatorio es que el sistema de identificación civil del Renaper ( sobre el que tantas expectativas tenía la empresa NEC, que conduce un amigo de la infancia de Fernández, Carlos Martinangeli) y el criminal de la Policía, serían integrados para dar consistencia, en un paso ulterior, al DNI electrónico. Dicho de otro modo, Kirchner está convencido de que le están pasando las piezas del rompecabezas del negocio de a una. Sin embargo, detrás de esta polémica licitación, en la cual el ministro del Interior consumió ya dos años, se esconde otra sospecha. Y es el interés del monopolio «Clarín» por intervenir también en este negocio electrónico. ¿Habrán hablado Héctor Magnetto y Jorge Rendo sobre la cuestión en su última visita a Olivos, hace 15 días? Es posible que no. Hicieron bien, porque a Kirchner le llevaron información en el sentido de que podría estar en los planes de «Clarín» la compra de la empresa IAFIS si es que ésta finalmente «captura» -por usar un término de los pliegos-el contrato para proveer el corazón técnico del nuevo régimen de documentación.

Inquietud

La presunción de que IAFIS, la filial argentina de la francesa SAGEM, podría estar en venta (como lo estuvo la Itron de Franco Macri, que compró Siemens en la anterior experiencia licitatoria con un DNI, que terminó en la Justicia) deriva de los movimientos de uno de sus más inquietos ejecutivos, Ricardo Schindler, quien se desplaza sin cesar entre las bases de esa empresa en Colombia, Francia y Brasilia (hasta aquí llegó acompañado de oficiales de la Policía que asistieron a un congreso de clientes de la compañía). Hay una tercera inquietud por la que el gobierno se resiste hoy a dejar pasar el proyecto segmentado de Fernández (una especie de Jack «el Destripador» administrativo). Es que, según informes técnicos en poder de la Casa Rosada, el afán por disimular los costos del nuevo documento podría derivar en un instrumento de baja seguridad. En un momento en el cual Kirchner y su gobierno decidieron abrazarse a las demandas que en materia de seguridad internacional les plantean desde los Estados Unidos.

Otro inconveniente para que el ministro del Interior pueda embocar en el aro de Olivos este proyecto de nuevo DNI. Es una suerte que Fernández no haya decidido ser basquetbolista y haya enfocado sus intereses hacia el gobierno de la provincia de Buenos Aires aunque, claro, más allá del próximo turno.