Duhaldismo toma control y frena el juicio a la Corte

El duhaldismo volvió a pisar ayer el proceso contra la Corte Suprema, al evitar que la polémica por las recusaciones de los diputados de Juicio Político con diplomas de abogado termine ventilándose en el recinto de la Cámara baja y derive en un escándalo que fracture al propio PJ.

Eduardo Camaño apeló a un recurso burocrático y dilató sin fecha cualquier pronunciamiento en esta materia. Ayer, el presidente del cuerpo pidió a la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento que gire a Justicia los expedientes sobre el artículo 90.

Esa cláusula, sobre la cual sólo debía expedirse la comisión de Peticiones -única dependencia que posee la facultad de interpretar las normas reglamentarias domésticas-, fue reivindicada por los abogados del máximo tribunal para pedir que den un paso al costado varios legisladores.

•Dos posiciones

De acuerdo con la estrategia de la defensa, debería apartarse una veintena de diputados, por ejemplo, la arista Elisa Carrió, el justicialista Ricardo Falú y la chachista de la tercera edad María América González, que tienen en trámite causas de interés particular ante la Corte.

En la comisión de Justicia, manda la vecina de Camaño de la localidad bonaerense de Quilmes, María del Carmen Falbo, otra duhaldista ortodoxa que ya congeló el Mensaje 211 del Ejecutivo sobre jubilación forzosa de magistrados que se acogieron al beneficio de pasar a la clase pasiva de manera anticipada (obviamente, la iniciativa afecta al grueso de la Corte y a más de medio centenar de jueces).

Falbo frenará a su colega de Peticiones, la menemista Alejandra Oviedo, quien ya había decidido trasladar al plenario del cuerpo la interminable querella sobre si corresponden o no las excusaciones. Oviedo -en sociedad con sus compañeros de bloque Adrián Menem, Lelia Chaya y Cecilia Lugo de González Cabañas, más el tatista Agustín Díaz Colodrero-terminó en la víspera un dictamen minoritario en favor del recurso de los abogados de Julio Nazareno, Eduardo Moliné O'Connor y Guillermo López. A contrario sensu -y tal como había sucedido en Juicio Político-, la mayoría de Peticiones, con el kirchneriano Sergio Acevedo a la cabeza, desechó la aplicación del artículo 90 y desestimó cualquier recusación.

Al haber 2 posiciones, no quedaba otra salida que dirimir la puja en el hemiciclo de la Cámara y en presencia de los 257 diputados. Ayer, despachos en mano, Oviedo estaba dispuesta a derivarlos al recinto de inmediato. Pero Camaño ya había pensado en la forma de detenerla.

Con el giro a Justicia, el oficialismo mantendrá el control sobre la guillotina, con un doble efecto. Podrá contenerla, en tanto y en cuanto el «modus operandi» de la embestida contra la Corte inquiete al Fondo Monetario e impida la imprescindible ayuda financiera externa. Cumplirá con un pedido extraoficial de Jorge Remes Lenicov, adelantado por este diario. Además, controlará a Acevedo, que maneja Juicio Político, rodeado de duhaldistas, pero influenciado por su jefe político, Néstor Kirchner, y, en materia jurídica, por Carrió.

Al mismo tiempo, los seguidores de Duhalde podrán alentar la causa con un rápido dictamen de Justicia que rechace las recusaciones, si fuera necesario. En caso de que se repitiera chez Falbo un dictamen de minoría -la salteña Chaya, que también forma parte de Justicia, sería la autora-, cualquier pronunciamiento en el recinto sería posterior a la fecha que puso Juicio Político para que los 9 ministros del Poder Judicial hagan su descargo.

Ese plazo vence el 3 de abril y, de ninguna manera (sobre todo porque media Semana Santa), habrá sesión antes de esa fecha. El peronismo no tiene voluntad siquiera de resolver el diferendo en el mismo bloque. Humberto Roggero viene eludiendo sistemáticamente una deliberación de bancada para evitar una división.

Hoy, Acevedo y compañía rechazarían un nuevo pedido de Gregorio Badeni y los patrocinantes de Nazareno, Moliné y López destinado a prorrogar los lapsos para responder los cargos y conseguir nueva documentación, por caso, la lista de abogados de la comisión matriculados en el fuero federal, de los legisladores involucrados en causas penales y los titulares del Registro de la Propiedad.