Duhaldistas sólo sesionarán para desmentir el complot

El duhaldismo quiere garantizar que esta semana haya sesión en la Cámara de Diputados. No se trata de una vocación especial de cooperación con el gobierno sino de un nuevo pedido especial de Eduardo Duhalde que no quiere que las acciones de sus huestes en medio de la campaña bonaerense habiliten la acusación de estar conspirando contra el Poder Ejecutivo. En ese sentido la denuncia de Néstor Kirchner y Cristina Fernández -reproducida luego por ministros y funcionarios- tuvo su efecto legislativo.

El miércoles de la semana pasada el peronismo consiguió sólo votar «en general» la ley que otorga poderes a la AFIP para combatir la evasión previsional. Pero el kirchnerismo, a pesar de ese fracaso parcial, reivindicó esa sesión como un éxito.

Estaba más contento el gobierno con haber impedido la votación del proyecto que volvía a prorrogar la suspensión de ejecuciones -que sí hubiera apoyado el duhaldismo y Roberto Lavagna ordenó frenar-, que el efecto que produjo la demora en ese tramo del paquete Antievasión II.

Las directivas que siguen recibiendo los diputados duhaldistas de su jefe no significan que el bloque vaya a unificarse realmente con el kirchnerismo, sino todo lo contrario. Desde la lejanía política Duhalde quiere demostrar a la opinión pública que no es artífice de ninguna complicación en el Congreso para el gobierno.

La semana pasada el proyecto de ley contra la evasión previsional se aprobó en general con 98 votos positivos. Ayudó al oficialismo algún diputado del sector provincial, pero ese número el peronismo no puede conseguirlo hoy si el duhaldismo no está votando a favor.

Pero no era ésa la chicana política que los bonaerenses habían preparado para esa sesión. Tal como lo pidió Duhalde en ese caso apoyaron, pero apuntaron la artillería a conseguir que la oposición ganara la posibilidad de votar el proyecto de prórroga de ejecuciones hipotecarias.

• Pedido

Lavagna le había pedido al cuarteto kirchnerista que conduce el bloque PJ -Osvaldo Nemirovsci, Jorge Argüello, Carlos Caserio y Juan Manuel Urtubey que frenara esa iniciativa. Allí estuvo el éxito de la sesión para el gobierno y por eso los festejos.

Pero con la poca vocación de ayuda que ahora muestra Eduardo Camaño y el radicalismo, disgustado con la conducción kirchnerista del bloque PJ -no se le perdona a Aníbal Fernández que haya declarado que un acuerdo entre el Frente para la Victoria y el Frente Cívico de Catamarca era imposible porque el gobierno no puede dialogar con un «hombre como Horacio Pernasetti» que impide la votación de todas las leyes-, incluso hasta las victorias a medias como la del miércoles pasado pueden ser infrecuentes de aquí a diciembre.

En el programa de acción legislativa 2005-2007 que presentaron hace una semana los radicales -que cuentan todavía con la segunda fuerza en el recinto en cantidad de diputados-lo explicitaronclaramente: «La UCR ha apoyado aquellas iniciativas del Ejecutivo encaminadas a sacar al país de la crisis y a mejorar sus posibilidades de progreso, como la ley de improrrogabilidad del canje de deuda y los paquetes antievasión, y continuará haciéndolo», dicen, en relación a no restar quórum en algunos casos y a colaborar con el voto en otros.

«Pero también continuará oponiéndose a los proyectos que muestren improvisación, desorientación estratégica y tendencia a soslayar la opinión y las contribuciones de los legítimos representantes del pueblo, tales como los que delegan en el Presidente facultades presupuestarias y legislativas que la Constitución asigna al Congreso.» En ese marco, la posibilidad de oponerse en el recinto será enorme y, en al menos dos casos, como la Emergencia Pública y los superpoderes del Presupuesto, el duhaldismo los acompañará.

Este miércoles los diputados bajarán al recinto a votar, además del proyecto que otorga mayores facultades a la AFIP, el permiso para el ingreso y egreso de tropas. El problema desde ahora será determinar no qué leyes el gobierno consigue aprobar, sino cuáles puede frenar. En esa lista, que puede ser enorme, habrá que seguir los acuerdos transitorios de renegociación con empresas de servicios que el Congreso debe ratificar. El gobierno no quiere que ninguno de esos dictámenes pase por los recintos de Diputados o el Senado, sino más bien que terminen sancionándose de hecho al transcurrir los 60 días desde su ingreso al Parlamento. El efecto legal es el mismo -aunque institucionalmente es una suerte de papelón- pero el gobierno prefiere que no se ventilen en sesiones los aumentos tarifarios y condiciones que contienen esos acuerdos que, en casi todos los casos, fueron observados por la oposición con dictámenes en disidencia.