A pesar de las amenazas que emitió el peronismo durante el fin de semana, el Congreso no podrá hacer nada contra el decreto de inmovilización semitotal de depósitos con una limitación a extracción de efectivo de $ 250 por semana. Es que el Senado y Diputados se encuentran ya en el período extraordinario de sesiones -aunque Fernando de la Rúa no haya hecho la convocatoria-y desde ahora hasta el próximo 1 de marzo sólo podrán debatir los temas que pida el Ejecutivo. Por lo tanto, y como es claro que el gobierno no va a pedir la derogación de las medidas, el decreto continuará en vigencia por 90 días, tal como lo estableció el Poder Ejecutivo.
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En general, en el Congreso la reacción a las medidas fue de crítica o chicana política, e incluso algunos profirieron amenazas de derogación, imposibles de cumplir por estar en extraordinarias:
«Está claro que por 90 días el Congreso no podrá hacer nada. La vigencia del decreto es por el mismo lapso. El tema es que antes la Justicia lo va a declarar inconstitucional, porque en el país está garantizada la libre disponibilidad de los salarios», presagió el peronista santafesino Oscar Lamberto.
«Cavallo tiene la suma del poder público. No tiene ningún control, puede hacer lo que se le antoje, se le consiente todo», dijo el diputado en relación con el control del gasto de todo el gabinete que le fue cedido al ministro. «Las medidas tienen una gran improvisación. La bancarización se va dando gradualmente. Es un proceso cultural que lleva tiempo, mientras esto es hacerlo de prepo y va a traer despelote -aseguró Lamberto-, el gobierno no ha medido las consecuencias del alcance en la vida cotidiana de las medidas recientes, ya que fueron tomadas sin conocer que en gran parte del país ni siquiera hay bancos».
En la vereda contraria se ubicó el demócrata santafesino, Alberto Natale: «Frente a la alternativa de que los ahorros depositados en los bancos se esfumasen por la corrida o apelar a rígidas medidas de control, el gobierno optó por el mal menor. Contuvo la gangrena amputando una pierna. Fue la opción entre la muerte o la mutilación», dijo Natale. «En lo inmediato habrá confusión y contracción. Si luego se ordena la distorsión, podrá sobrevenir un interesante blanqueo de la economía informal, aunque por largo tiempo persistirá la desconfianza causada por la cirugía mayor».
Presentación
«Esto es un jeroglífico de difícil comprensión. No descartemos que el peronismo haga una presentación a la Justicia si el gobierno llega a echar mano de las reservas del Banco Central», dijo Miguel Angel Toma. «Fernando de la Rúa es incapaz de responder a una situación a la que se llegó pura y exclusivamente por su incapacidad de generar la confianza necesaria y de gestionar como se debe», protestó.
También recordó que «se ha tirado por la borda la Ley de Intangibilidad de los Depósitos Bancarios, ya que esa norma garantizaba que no se podían modificar las condiciones pactadas en los plazos fijos», dijo Toma.
Los radicales críticos no permanecieron callados. Rodolfo Terragno comparó al Ejecutivo con «un perro que se muerde la cola»: «No entiendo cómo no decimos basta, esto no va más, esta política no funciona, ya fracasó. ¿Qué hace falta para que admitamos que esta política ha fracasado definitivamente?», preguntó. «Cada vez que hubo un ajuste se dijo que iba a generar confianza y que iba a bajar el riesgo-país, pero pasamos a ser los campeones mundiales del riesgopaís.»
Para Humberto Roggero, jefe del bloque PJ de Diputados, «la confiscación de los depósitos de la población es una medida perversa. Harán pagar a toda la población la negligencia de quienes tienen la responsabilidad de manejar la economía argentina», dijo.
Leopoldo Moreau eligió criticar a Cavallo: «Por él llegamos tarde a la reprogramación de pagos de la deuda que hace más de dos años veníamos reclamando, y por él se llegó tarde a frenar el drenaje de divisas. Es ese mesianismo que pretende mantener la ficción de que un peso vale un dólar o hacernos creer que era posible que de un hachazo se llega al déficit cero», dijo.
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