El Congreso postergó sin fecha polémica "ley Clarín II"

El peronismo frenó ayer la llamada ley cultural en Diputados. A pesar de que figuraba en el orden del día para la sanción definitiva en la sesión de la víspera, los oficialistas pidieron a último momento una postergación sin fecha para votar el proyecto que excluye a los medios de comunicación del «cram down» en los procesos de quiebras y limita a 30% la presencia de capital extranjero en esas empresas. El «cram down» es una figura de la ley de quiebras que permite que el acreedor o un tercero se hagan cargo de la firma concursada en satisfacción de la deuda impaga. La restricción a los fondos del exterior está copiada de la legislación brasileña, donde se aprobó el mismo cupo.

En el bloque, al mediodía varios legisladores -encabezados por el menemista riojano Ricardo Quintela- se quejaron de que la iniciativa no había sido discutida entre los 118 miembros de la bancada. A coro, se quejaron de que se pretendiera beneficiar a empresas periodísticas con un régimen de excepción, camuflado con compañías de ciencia y tecnología.

Los duhaldistas como José María Díaz Bancalari y el delasotista Carlos Alessandri que defendían la norma insistieron en que había acuerdo con la UCR y hasta con el ARI para votarla (una curiosidad que se le atribuyera aval al lilismo, pues Elisa Carrió mencionó que se trataba de una «ley con nombre y apellido» en alusión al monopolio de Magnetto-Noble). Pero los pataleos de entrecasa continuaron.

• Lobbista

Afuera de las dependencias justicialistas ya estaba trajinando el Salón de los Pasos Perdidos el lobbista Carbone, del monopolio «Clarín», quien descontaba la conversión en ley del proyecto. Fue el primer sorprendido cuando el titular de la Comisión de Comunicaciones, Pablo Fontdevila (PJ-Buenos Aires), pidió posponer el debate.

Carbone hizo otro recorrido infructuoso al Congreso: hace 15 días, también en vacaciones de invierno, había paseado su sobretodo negro por las adyacencias del recinto, sin éxito.

Los diputados no incluyeron en el temario la ley cultural en aquella sesión porque sólo había quórum para tratar dictámenes sin disidencias entre las bancadas mayoritarias.

El director del diario «El Tribuno» de Salta, Roberto Eduardo Romero, advirtió en una columna publicada en este diario que «la intensa y continua evolución tecnológica que se advierte en los medios de prensa, tanto en gráfica como en radio o televisión, o contenidos de Internet, impone la concreción de inversiones significativas de capital que, muchas veces, las empresas nacionales no están en condiciones de efectuar».

Por eso imponer una restricción de aportes del exterior, puede derivar en que «las empresas periodísticas que están comprometidas económicamente sólo podrán evitar su cierre mediante la transferencia o participación en ellas de los grandes medios de la Capital Federal que, como es obvio, se producirá a valores significativamente inferiores a los reales de los bienes transferidos». Una práctica que el monopolio viene desplegando con la adquisición de «La Voz del Interior», de Córdoba; y «Los Andes», de Mendoza, por nombrar los ejemplos más conocidos.

• Lesivo

Roberto E. Romero también observa que «no se repara en que la inversión de capitales extranjeros en la actividad de ninguna manera puede lesionar el acervo cultural que se invoca».

La denominada ley cultural cuenta con media sanción del Senado desde el miércoles 14 de junio. La iniciativa, nacida de la inspiración de Miguel Angel Pichetto (PJ-Río Negro), sufrió algunas demoras en la Cámara alta por la oposición de los senadores justicialistas Liliana Negre de Alonso (San Luis), Sonia Escudero (Salta), Malvina Seguí (Tucumán), Eduardo Menem (La Rioja), Guillermo Jenefes (Jujuy) y Luis Barrionuevo (Catamarca), pero fundamentalmente de las 2 primeras damas que se levantaron también contra una modificación a la Ley de Quiebras, promovida entre otros por «Clarín» a comienzos de la gestión duhaldista.

La ley Pichetto subsanó la maniobra que intentó Miguel Angel Toma, todavía en la banca de diputados, cuando quiso excluir en mayo a los medios del «cram down» con una cláusula a la nueva ley de quiebras. No dudó en mezclar a la radio, la televisión, más diarios y revistas con el circo, mímica y afines.