El Gobierno no cederá poderes de la UIF a cambio de la ley antilavado que reclama el GAFI

Aníbal Fernández aseguró en diálogo con Ámbito.com que el Gobierno "no se opone" a tener una nueva normativa contra el lavado e instó a los legisladores opositores a "sacar la ley".

El Gobierno no teme ser sancionado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en caso que el Congreso no apruebe la reforma del Código Penal y la ley contra lavado de dinero que ese organismo reclama para no incluir al país en la lista gris, donde figuran las 20 naciones incriminadas de no cumplir con las normas internacionales para perseguir a narcotraficantes y terroristas.

Por estas horas, las fuerzas del oficialismo y oposición en Diputados debaten un proyecto de consenso aunque las posiciones volvieron a enfrentarse. El talón de Aquiles que en la Casa Rosada no están dispuestos a entregar refiere a las funciones y estructura de la Unidad de Información Financiera (UIF), que dirige José Sbatella.

Mientras la oposición propone un recorte en las atribuciones de la UIF, como la posibilidad de presentarse como querellante en las causas penales o que esa Unidad sea la representante del país ante el GAFI, en Balcarce 50 defienden a capa y espada las facultades que actualmente posee Sbatella.

Al término del acto de inauguración del Instituto Superior de Control de la Gestión Pública que depende de la SIGEN, Aníbal Fernández aceptó un mano a mano con ámbito.com para hablar del tema. El jefe de Gabinete aseguró que el oficialismo no cederá en su postura y responsabilizó a los bloques de la oposición por una futura sanción del GAFI, que se conocería durante la próxima reunión de ese organismo en mayo próximo en México.

"No es un toma y daca, esos temas no se negocian. Hay que acordar cuál es la mejor legislación, que es la que Sbatella está llevando a la práctica de la mejor forma para controlar el tema en las mejores condiciones que garanticen cuidado, y no tiene porque negociarse nada", afirmó el jefe de ministros al meterse de lleno en la discusión legislativa.

"Si la oposición no cede verán a la Argentina cuestionada por organismos internacionales por no hacer las cosas como se debe. Hay que hacer las cosas como corresponde", completó la advertencia.

Las declaraciones de Fernández a este medio mantienen vigente el pedido que la presidente Cristina de Kirchner lanzó al Congreso en la apertura de las sesiones ordinarias del primero de marzo pasado. Allí, ante la Asamblea Legislativa, la mandataria exigió a los diputados y senadores la sanción de una nueva ley. "El GAFI nos exige una ley de lavado, que debe sancionar este Parlamento, porque el Poder Ejecutivo ya ha tomado todas las medidas que establece la normativa. Es probable que la Argentina sea condenada por el GAFI porque no sean sancionado las leyes y ni se han dictado los fallos necesarios para combatir el levado de dinero", sostuvo la jefa de Estado en esa oportunidad.

El pedido de Cristina de Kirchner responde al llamado de atención, de octubre de 2010, cuando el GAFI expresó su "decepción y preocupación" por la falta de implementación de un conveniente sistema integral contra lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en la Argentina.

En el diálogo con ámbito.com, Aníbal Fernández reiteró que el Gobierno "no se opone" a tener una nueva normativa e instó a los opositores a "sacar la ley". Pero sino sale, Argentina se sumará desde mayo a la lista gris que ya integran Venezuela, Ecuador, Paraguay, Honduras, Grecia, Angola y Tanzania, entre otros. Ante la consulta sobre los detalles del posible castigo que recibiría el país, el funcionario dijo: "No sé qué consecuencias puede traer, hay que preguntarle al GAFI, no a mí".