El Gobierno querellará a los asambleístas que mantienen el corte de ruta en Gualeguaychú

El jefe de Gabinete estuvo acompañado por el ministro de Justicia, Julio Alak.

El Gobierno finalmente desistió de ordenar el desalojo del corte de ruta en Gualeguaychú, pero endureció su postura contra los asambleístas, al decidir presentarse como querellante en esa causa y denunciar penal y civilmente a los vecinos que ocupan esa autovía. Desde Entre Ríos, los manifestantes aseguraron que "no se van a ir".

Durante una exposición ante la prensa, en la que no permitió preguntas, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, adujo que esa decisión fue tomada porque la vocación del Gobierno es "no reprimir" y porque el fallo de la Justicia que ordenó el desalojo de la ruta 136 "es de cumplimiento imposible".

De esta forma, el Gobierno devolvió el conflicto a la esfera judicial tras el fallo del juez Federal de Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel, que había ordenado al Ejecutivo liberar ese paso que conecta con la ciudad uruguaya de Fray Bentos.

Fernández alegó que el fallo de un tribunal entrerriano para desalojar el corte es de "cumplimiento imposible" y remarcó que "sería en vano" notificar a los asambleístas de un hecho que "no se van a notificar", por lo que el Gobierno decidió presentarse como querellante en la causa y denunciar a los ambientalistas.

La denuncia fue presentada en el juzgado federal de Concepción del Uruguay por el procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha.

"No hemos tenido definiciones contundentes en el caso del fallo y este tipo de decisiones elípticas la han convertido de cumplimiento imposible", sostuvo Aníbal Fernández.

Por eso sostuvo que "en lugar de notificar vanamente a quienes no se van a notificar, en lugar de poner a las fuerzas de seguridad a presionar hasta que tener que reprimir cuando nuestra política es no reprimir" se decidió este camino.

La denuncia penal "con nombre y apellido" de asambleístas, según Fernández es por las figuras de "entorpecimiento del funcionamiento del transporte público"; "homicidio culposo"; "amenazas"; "amenazas agravadas"; "daños a bienes públicos"; "instigación a cometer delitos"; "instigación pública"; y "apología del delito".

También se los querelló por "delitos que comprometen la paz y la dignidad nacional"; "atentado al orden constitucional y a la vida democrática"; "sedición"; "atentado y resistencia contra la autoridad" y "encubrimiento".

Además inició una demanda civil contra los vecinos que componen la Asamblea Ciudadana Ambiental por los perjuicios que causó el corte a comerciantes, el turismo y al comercio exterior.

Fue al término de una jornada tensa en la que Aníbal Fernández y el ministro de Justicia, Julio Alak -también presente en la exposición ofrecida en la Casa Rosada- se reunieron con la presidenta Cristina Kirchner para definir los pasos a seguir.

Si bien este martes y por la mañana de miércoles, distintos ministros habían señalado que la Gendarmería iba a presentarse durante la jornada para notificar a los asambleístas, finalmente el Gobierno decidió evitar enfrentamientos y directamente querellar a quienes bloquean ese paso binacional.

Fernández al respecto señaló que el Gobierno "no va a limitarse a la notificación" de los asambleístas porque hay que "darle un corte definitivo" al bloqueo, "desde que la corte de La Haya dictó un fallo que hay que acatar".

Para el Gobierno el fallo de la Corte Internacional de La Haya "marcó un punto de inflexión", dijo Fernández, pero sostuvo que los asambleístas decidieron continuar con el bloqueo. Recordó que el Gobierno "ha sido paciente" con los vecinos que realizan el corte y que esa política le ha significado "costos" al Ejecutivo.