Guillermo Moreno deambuló esta mañana por los pasillos del cuarto piso de los tribunales de Comodoro Py 2002.
El Gobierno ratificó una denuncia penal contra los directores privados de Papel Prensa por vender insumos para diarios por debajo del costo a los periódicos Clarín y La Nación, socios de la empresa junto al Estado.
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El encargo de la acción ante el juez federal Claudio Bonadío fue el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, recientemente librado de culpa y cargo en una investigación por "abuso de autoridad" motivada por el Grupo Clarín.
Moreno se presentó personalmente en el cuarto piso de los tribunales de Comodoro Py 2002 y ratificó la denuncia por el delito de administración infiel, que prevé una pena de dos a seis años prisión. En su escrito, denunció a las autoridades privadas de la papelera por vender bovinas de papel a los dos matutinos menor precio en comparación con el resto de los medios gráficos.
El secretario acusó a los directores Alberto Maquieira, Guillermo González Rosas, Jorge Rendo, Jorge Bazán, Raúl Aguirre Saravia, Daniel Fernández Muñoz y Julio César Saguier.
Moreno decidió ratificar la acusación tras conocer informes realizados por la Comisión Fiscalizadora, que llevan la firma del síndico General de la Nación, Daniel Reposo; del vocal Agustín Tarelli y el consejero de Vigilancia Titular, Alberto González Arzac.
Según Moreno, los informes revelaron "fácilmente el perjuicio económico a Papel Prensa Sociedad Anónima (PPSA) y al Estado nacional como socio" ya que se vende por debajo del costo de producción. De esta manera, consideró que existen "hechos defraudatorios en perjuicio del Estado nacional en su patrimonio y en el de Papel Prensa SA", de la que el Estado es socio minoritario.
"La infidelidad de los Directores y del Gerente General surge de las violaciones a los deberes de cuidado del patrimonio ajeno, verificándose también que los miembros del Comité Ejecutivo y el Gerente General de Papel Prensa han incurrido en un ostensible abuso en la realización de sus operaciones de gestión y su labor gerencial, respectivamente, ocasionando todo ello un alto perjuicio económico al Estado nacional y a la sociedad comercial, en connivencia con otras personas que han prestado colaboración", sostiene el texto de la denuncia de Moreno.
De acuerdo a las normas procesales, el magistrado remitirá el expediente al fiscal Carlos Cearras para que dictamine, conforme lo establece el artículo 180 del Código Procesal en materia Penal, si corresponde abrir la investigación penal.
Aunque la principal acusación es por administración infiel, la investigación judicial también indaga sobre si los acusados cometieron los delitos de defraudación con la administración pública y asociación ilícita.
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