22 de octubre 2003 - 00:00

El juicio a Moliné pasa a 2004 (con nuevo Senado)

El gobierno tendrá que esperar hasta el año que viene para lograr la destitución de Eduardo Moliné O'Connor. Ayer, la comisión que encabeza Cristina de Kirchner no pudo avanzar en la apertura a prueba pedida por la acusación de Diputados y la defensa, razón por la cual aún no empezó a correr el plazo de 30 días hábiles para ofrecer testimonios. Así, la definición del proceso se produciría hacia el 10 de diciembre, cuando asuman 24 nuevos senadores. Para no llevar al absurdo el ya muy cuestionado proceso, este tercio de flamantes jueces de Moliné deberá tomarse unos días para estudiar los tres expedientes. Si se guardan las formas mínimas, entonces, habrá que esperar a 2004.

El nuevo Senado definirá, casi con seguridad, la destitución de Eduardo Moliné O'Connor después del 10 de diciembre, tras el recambio del tercio del cuerpo. Esto significa que existen muchas chances de que el futuro del ministro de la Corte pueda tratarse, finalmente, el año que viene y con 24 senadores nuevos.

Ayer, la Comisión de Asuntos Constitucionales, que entiende en materia de juicio político en la Cámara alta, no pudo avanzar más que en conceptos generales sobre la apertura a prueba pedida por los acusadores de Diputados -representado por el trío Ricardo Falú-Nilda Garré-Carlos Iparraguirre-, y por la defensa que lidera el constitucionalista Gregorio Badeni.

De esta forma, y teniendo en cuenta que el plenario senatorial recién podría sesionar la semana que viene, el plazo de 30 días hábiles para presentar esas pruebas todavía no empezó a correr y puede postergarse sin fecha cierta. El reloj comenzará a jugar una vez que se haya expedido el cuerpo en sesión de tablas.

Esto significa que la sentencia deberá esperar hasta más allá del 10 de diciembre, cuando ingresarán dos docenas de miembros a estrenar bancas. Aun cuando algunos de ellos hubieren renovado el cargo (podría ser el caso de la peronista santafesina Roxana Latorre o del lopezmurphista tucumano Pablo Walter), se supone que la mayoría de los senadores entrantes deberá tomarse un tiempo razonable para estudiar los tres expedientes que sirven de acusación: las causas Macri, Meller y Magariños.

• A favor

Si bien el oficialismo seguirá contando con quórum propio en el Senado y posibilidades inmejorables de ejecutar a Moliné, el transcurso del tiempo parece favorecer al acusado, entre otras cosas, porque al gobierno de Néstor Kirchner no le interesa dilatar la embestida contra el máximo tribunal, dejar una vacante sin cubrir (Moliné seguirá suspendido, mientras tanto, sin que se le pueda nombrar reemplazante) y mantener este frente sin resolución, lo cual equivale a impedir la normalización de las funciones de la cúpula de Tribunales.

En ese aspecto, resulta sintomático que se apure el enjuiciamiento de
Guillermo López -y con argumentos sustanciales de Falú (ver aparte)-, y, por si fuera poco, se deje trascender que sólo habrá otro magistrado en la picota a continuación de este último, otro delegado de la denominada «mayoría automática», Adolfo Vázquez, quien clausuraría la renovación de la Corte diseñada por la Casa de Gobierno.

Tal cual adelantó ayer este diario en exclusiva, los acusadores de la Cámara baja se presentaron ante la Corte para reclamar la nulidad de cualquier reclamo judicial de Moliné por decisiones del Congreso, las cuales -a ojos de Falú y compañía-no son revisables en estrados judiciales.

En el recurso de queja que inició la defensa para insistir en la recusación de
Cristina de Kirchner, los 7 integrantes actuales del máximo tribunal entendieron que debían intervenir los conjueces sorteados. «No deben actuar como conjueces los presidentes de cámaras, sino abogados de la matrícula, dado que aquellos, objetivamente, carecen de independencia o imparcialidad plena para juzgar», denunciaron los diputados, exigiendo que -en todo caso-se diera traslado a una tercera Corte, animada por abogados notables, entre ellos, León Arsalanian,Alberto García Lema, Ricardo Gil Lavedra, Jorge Vanossi y otros 5 juristas propuestos por Eduardo Duhalde (y convalidados por el Senado) para instancias extraordinarias.

«(Los camaristas) no pueden ni deben ser jueces en un caso en el cual se dirime la remoción de uno de los integrantes»
de la Corte porque «este último, como superior, puede aplicar una cuestión disciplinaria sobre quienes lo deben juzgar, lo que es inadmisible», en aplicación del caso Magariños (mediante una acordada, cuestionada en el juicio político, el máximo tribunal se atribuye facultades disciplinarias concurrentes con el Consejo de la Magistratura sobre los jueces menores).

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