El kirchnerista D'Elía ahora busca expropiar

Luis D'Elía

«Yo no lo consulté con Néstor ni con Cristina.» Así respondió ayer la diputada kirchnerista Araceli Méndez de Ferreyra, quien junto a Luis D'Elía está redactando un proyecto de ley para expropiar unas 300 mil hectáreas que el empresario estadounidense Douglas Tompkins tiene en la provincia de Corrientes.

El subsecretario de Tierras para el Hábitat Social y la legisladora alegan que hay una colisión de derechos. El derecho a la libre circulación de los pobladores de la zona y el derecho a la propiedad de Tompkins. Es sabido que el kirchnerismo presume en ciertas ocasiones de inclinarse a favor de los derechos colectivos frente a los individuales. Ya lo hizo consintiendo los cortes de calles de los piqueteros, y hasta el juez supremo, Eugenio Zaffaroni, privilegió en un cónclave con desocupados del Partido Obrero el derecho al piquete -cómo método de libre expresión- frente al de libre circulación.

Silencio alarmante

El silencio de la Casa Rosada alarma ya que se trata de un subsecretario de Estado que ingresó por la fuerza y frente a las cámaras de televisión a un predio privado. Ayer, Roberto Lavagna advirtió sobre la gravedad del hecho que podría espantar a nuevos inversores y afectar la seguridad jurídica y la imagen del país en el exterior. D'Elía ya goza de impunidad e inmunidad tras haber tomado una comisaría en el barrio de La Boca. Ahora hizo lo mismo improvisándose en ecologista y además en oficial de justicia.

El fin de semana, a bordo de un Unimog prestado por el Ejército, el líder de la Federación Tierra y Vivienda y la diputada oficialista avanzaron sobre campos del millonario estadounidense -en la zona de los esteros del Iberá- para entrevistarse con los 300 campesinosque habitan el lugar, tras cortar con tenazas una tranquera con cadenas y alambres colocada por el empresario.

Para Méndez de Ferreyra -la misma que impugnó el diploma de diputado electo de Luis Patti- se trata de tierras fiscales que deben volver a los pobladores de la zona. «Esos territorios se van a tasar y se le van a pagar al señor Tompkins. Se expropiará todo de entrada o por etapas, todavía no está definido. Además se trata de una zona de un valor geoestratégico incalculable por su cercanía con el acuífero guaraní, la principal reserva de agua dulce del mundo y está a 600 kilómetros de una base estadounidense en Paraguay. El proyecto lo presentaremos en la Comisión de Presupuesto y Hacienda -que preside Carlos Snopek-», advirtió efusivamente la oficialista.

Fundamento

El artículo 17 de la Constitución nacional, en su primera parte, dice: «La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada». En esa disposición se basará el proyecto que prepara D'Elía junto a Méndez de Ferreyra.

Coincide con la viabilidad del proyecto de ley la diputada del ARI Martha Maffei. Para la vicepresidenta de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, el caso Tompkins podría configurar un abuso de derecho en los términos del artículo 1.071 del Código Civil: «El ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considerará tal al que contraríe los fines que aquélla tuvo en mira al reconocerlos o al que exceda los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres».

Soberanía violada

Para la arista, las comunidades indígenas de la zona son las «verdaderas dueñas de esas hectáreas». Y agregó que hay una «violación de la soberanía nacional».

Según confirmó Maffei, Tompkins y su esposa, Kristine McDivitt, adquirieron esas tierras de los esteros del Iberá en los 90 a la familia Blaquier -120 mil hectáreas- y al grupo Pecom Energía de Gregorio Pérez Companc -otras 110 mil hectáreas- en 2002. Una vez adquiridas las tierras a través de fundaciones ecologistas, Tompkins las transfería al Estado por medio de un fideicomiso bajo la condición de que esas tierras estuvieran despobladas y bajo estrictas condiciones de conservacionismo. El matrimonio estadounidense comulga dentro de una rama de la filantropía llamada «ecología profunda», según la cual el hombre está interfiriendo en forma excesiva en la vida no humana. Lo apoyan ONG como Greenpeace y la Fundación Vida Silvestre. Otro dato interesante: Tompkins adquirió también unas 140 mil hectáreas en Santa Cruz a través de la fundación Patagonia Land Trust. Kris, la esposa de Tompkins, había declarado a «The Guardian» que «la desconfianza y la paranoia sobre la conservación de la tierra es mucho menor en la Argentina».