El país entre la barbarie y la confusión

Un congreso internacional sobre genocidios que se desarrolló en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en estos días fue abierto con la alocución de Graciela Daleo, presentada como «ex detenida desaparecida». Para aquellos que lo ignoren, Graciela Daleo es la montonera sindicada como negociadora del rescate por el secuestro de Heinrich Metz, el presidente de Mercedes-Benz en octubre de 1975. Luego de pagarse un dineral y en cuanto recuperó su libertad, el ejecutivo alemán tomó un avión con su familia para nunca más acercarse ni por error a un país del Tercer Mundo. Sobrevino el gobierno militar, y reinstaurada la democracia los carteles en los actos masivos pedían «Libertad a Graciela Daleo, presa política». Con el tiempo, sus compañeros de tendencia lograron su excarcelación.

En lo que refiere a esa casa de altos estudios, ya prestó sus escalinatas con corte de avenida en hora pico incluido para que Fidel Castro se dirigiera libremente a la multitud. ¿Podría otro abogado y jefe de gobierno regional, el colombiano conservador Alvaro Uribe Vélez por ejemplo, hacer lo mismo desde la Facultad de Derecho en la Habana?

Aunque ya nada sorprende en la Argentina posdevaluación dominada por el justicialismo del Gran Buenos Aires. Aumentarán las penas contra policías que cometan delitos, pero se amnistiará a piqueteros encausados; cuando liberan a un asesino confeso y promotor de crímenes como Gorriarán Merlo, asociaciones de derechos humanos concurren a vivarlo. Pero si alguien dice «qué lástima que Videla esté preso» le rompen la crisma con un palo, los guerrilleros arrestados por las nuevas causas abiertas tras la inoportuna anulación de las leyes de indulto se encuentran en libertad. Los militares que reprimieron la subversión -de manera brutal, sin dudas- por órdenes firmadas por un gobierno democrático libremente electo, esos todos permanecen en prisión; comisarios que piden dinero a comerciantes son procesados, pero concejales que han amasado fortunas inmensurables son pronto excarcelados por sus correligionarios. Y en medio de la peor barbarie delictiva en décadas, el país debe sufrir el nombramiento como juez de la Corte Suprema -la máxima instancia de la Nación- de un garantista con ideas abominables como Eugenio Zaffaroni.

• Remoción

El combate al delito se lleva adelante con la remoción de un funcionario político por otro, el leve incremento en la cantidad de agentes de policía de calle, la purga incesante de oficiales y suboficiales, el allanamiento a desarmaderos que toda la vida estuvieron a la vista de cualquiera, y algunas vallas en avenidas para pedir documentos. Todo urbano, paliativo y efectista. Repitamos que si se quiere acabar con el delito en el país se deben erradicar las villas y asentamientos de emergencia, y los terrenos y casas tomadas.

Resulta necesario prohibir las armas de fuego en poder de particulares, agravar las penas por delitos y sobre todo por hechos cometidos con armas de fuego.

Es menester duplicar o triplicar el presupuesto de las fuerzas de seguridad, controlar seriamente las fronteras, pagar muy bien a gendarmes, policías y militares. Los fondos para esto deberán surgir de la reducción en la cantidad de diputados, senadores, miembros de concejos deliberantes (y no en la reducción de sus sueldos), campañas electorales, entes públicos, y de la racionalización moderada del Estado.

Siempre se quiere aumentar la percepción de impuestos, pero a un consorcio que brinda incierta asesoría a Yacyretá se le vienen pagando 650 mil dólares por mes desde 1979. ¡Aterra pensar lo que habrá significado esa suma en meses de hiperinflación como julio de 1989 y marzo de 1990! ¿Con qué autoridad moral el gobierno argentino niega la devolución de sus ahorros a los jubilados japoneses?

Productores rurales están siendo asesinados para robarles lo cobrado por una venta de reses o grano. Se debe castigar severamente el abigeato y el saqueo de silos, y terminar con los califas de provincia, esas combinaciones entre poder político y delincuencia armada.

La idiosincrasia del argentino tiende siempre en principio a la corrupción. Si las acciones del Estado emiten señales inequívocas de tolerancia para los delincuentes y al mismo tiempo todo militar y policía es demonizado, lo que resulta es más que obvio: la violencia y la crueldad no cesan de aumentar. Cuando se combate una forma de delito puntual y aislada sin un plan global, la actividad malhechora cambia de rubro. Por caso se terminaron con máquinas expendeboletos los robos al transporte público de pasajeros y aumentaron los secuestros relámpago. Se lucha contra el robo de vehículos y arrecian los asaltos en el campo, surge el hurto de bronces, el secuestro ficticio.

Unicamente un plan generalizado y abarcativo, con nuevas leyes, incremento de penas, mayores ingresos y prestigio a las fuerzas de seguridad, y medidas dolorosísimas como es la expulsión de familias de asentamientos ilegales, más el control de fronteras, en un marco de contención social y una clara política de coherencia y moralidad en el gobierno, redundarán en una auténtica disminución de la violencia. El resto son paliativos.

La idea de los alberdistas «gobernar es poblar» debe revisarse hoy a la luz de la situación que se vive. Muchos creen aún y así lo manifiestan por escrito y vía oral en medios de difusión, que la Argentina es un país despoblado. Alientan la natalidad indiscriminada, la inmigración masiva. Este concepto en 2003, cuando existen millones de desocupados y subocupados y cientos de miles de emigrantes forzosos, resulta insostenible. El argentino medio reclama seguridad, buenos ingresos y calma social, pero no se atreve a concebir verdaderas transformaciones de fondo, sacrificios dolorosos y profundos, como hicieron Chile y España por citar dos casos, que alejarían al país para siempre del abismo. ¿En qué ámbito se discute el voto voluntario, un Estado laico, eliminación de las reformas constitucionales recientes? ¿No sería hora de terminar con la política de seducción a empresas para que se radiquen en el conurbano bonaerense, y en cambio trasladar miles de familias al interior del país, que va despoblándose?

En los núcleos suburbanos de Tucumán o Chaco la gente se muere de hambre. Esta desesperación produce falta absoluta de temor a la ley y respeto a la autoridad, genera permanentemente delincuentes y la responsabilidad es de los administradores de la Nación, de manera inexcusable. Y ya se ha dicho, es corrupción pedirles dinero a comerciantes y vender excarcelaciones, pero también es corrupción pagarle 400 pesos por mes a alguien que debe ponerle el pecho a las balas en la calle. En la Argentina muere asesinado un policía cada tres días. O se va a la esencia del delito y se reordena ideológicamente el país, o continuará este nivel de violencia intolerable, la fuga del ahorro nacional al exterior, la caída de la inversión real y la actitud generalizada de apatía hacia la política. Mientras un gobernador sospechado de delinquir acceda a la senaduría, luego a una diputación y no pueda ser citado por un juez siquiera a declarar en forma testimonial, la decadencia avanzará. ¿Tienen otros ciudadanos esas mismas prebendas?

Toda reivindicación genuina se pervierte en nuestro país. De reclamos laborales lógicos se pasa al sindicalismo corrupto actual, de representantes de inquietudes del pueblo se pasa a la clase política descomunal de hoy, de grupos de desocupados que manifiestan se pasa a las organizaciones piqueteras que asuelan el territorio. Con la inseguridad se ha llegado a un extremo, ¿pero qué esperanza puede tener la gente si los personajes de mayor influencia ante el gobierno son Horacio Verbitsky, Miguel Bonasso y Hebe de Bonafini?