El bloque de diputados nacionales del PRO presentó un recurso de amparo ante la Justicia para frenar la designación de los auditores de la Auditoría General de la Nación (AGN), al considerar que el procedimiento aprobado por la Cámara baja fue “abiertamente inconstitucional”.
El PRO va a la Justicia para frenar las designaciones en la Auditoría General de la Nación
El bloque opositor denunció un procedimiento inconstitucional aprobado de madrugada y pidió anular la votación por falta de debate, transparencia y reglas básicas.
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Diputados del PRO impulsaron una acción judicial para cuestionar el procedimiento aprobado en la Cámara baja.
La acción judicial lleva la firma del presidente del bloque, Cristian Ritondo, y apunta contra la resolución 7018-D-2025, aprobada durante la madrugada del 18 de diciembre, mediante la cual se designaron a tres auditores del organismo encargado de controlar el uso de los recursos públicos.
Denuncia por violación de la Constitución Nacional
Según denunció el PRO en un comunicado, la designación se realizó fuera del temario habilitado para las sesiones extraordinarias, en violación del artículo 63 de la Constitución Nacional. “El decreto presidencial que convocó al Congreso no incluía este tema”, remarcaron.
El texto también cuestiona con dureza la forma en que se llevó adelante la votación. “La designación se realizó cerca de las tres de la mañana, sin publicidad ni transparencia, sin dictamen previo, sin debate parlamentario y sin cumplir los procedimientos reglamentarios esenciales”, sostiene el comunicado. Para el PRO, esta sucesión de irregularidades “convierte al acto en nulo de nulidad absoluta”.
Desde el bloque opositor advirtieron que lo ocurrido no solo afecta la legalidad del proceso, sino que también vulnera derechos políticos de los legisladores y altera el equilibrio institucional. “Lo ocurrido afectó de manera directa los derechos políticos de los diputados y quebró el equilibrio institucional del sistema de control del Estado”, afirmaron.
En ese sentido, subrayaron el rol central de la Auditoría General de la Nación dentro del esquema republicano. “La AGN no es un órgano administrativo interno: es un órgano constitucional clave para controlar cómo se utilizan los recursos públicos”, enfatiza el texto.
Qué solicita el amparo presentado ante la Justicia
El amparo presentado ante la Justicia solicita que se declare la inconstitucionalidad y nulidad de la resolución, que se dicte una medida cautelar urgente para impedir que los auditores designados asuman o actúen hasta que exista una sentencia definitiva, y que se restituya el estado institucional previo al acto cuestionado.
Por último, el PRO buscó despejar lecturas partidarias y planteó el reclamo como una defensa institucional. “No se trata de una discusión política ni de nombres propios. Se trata de defender la Constitución, la transparencia y el funcionamiento republicano de las instituciones”, concluye el comunicado.
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