El Senado dio media sanción a la nueva Ley de Educación

La Cámara de Senadores de la Nación aprobó hoy por 57 votos a favor y tres en contra el proyecto de Ley de Educación Nacional que modificará la estructura del sistema educativo, la carrera docente, los contenidos curriculares y hace menciones específicas a la educación especial, rural, artística, intercultural bilingüe y no formal.

El debate del proyecto duró más de cinco horas, y fue seguido durante todo el tiempo por el ministro de Educación de la Nación, Daniel Filmus, presente en la sala de sesiones.

En contra votaron los representantes de Fuerza Republicana, Ricardo Bussi y Delia Pinchetti, que habían presentado un proyecto alternativo, y la justicialista disidente por San Luis, Liliana Negre de Alonso.

Desde el oficialismo, el presidente del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto, resaltó que la ley "tiene sentido porque está inmersa en una política nacional que es la recuperación económica del país, y tiene el valor del consenso por haber sido discutida con cuatro millones de personas".

A su turno, la oficialista Vilma Ibarra elogió puntualmente dos artículos de la norma, el 70, que evita que condenados por delitos de lesa humanidad puedan ejercer la docencia, y el 92, que incluye entre los contenidos curriculares el "ejercicio y la construcción de la memoria colectiva" sobre la instauración del terrorismo de Estado.

"Se trata de dos logros maravillosos de esta ley que hace a las necesidades básicas de este país", subrayó Ibarra.

Además, el chaqueño Jorge Capitanich, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, subrayó que "esta Ley de Educación forma parte de una estrategia que el gobierno planteó desde el año 2003 a la fecha", al mencionar la sanción de la Ley de Educación Técnica y la Ley de Financiamiento Educativo.

El radicalismo apoyó la ley, pero criticó algunos de sus artículos, a los que votó negativamente en particular.

El jujeño Gerardo Morales -recientemente designado presidente de la UCR-, reclamó la introducción en el texto de una "asignación universal" a cargo del Estado Nacional que actúe como "coseguro de acceso a la escolaridad" para obligar a los padres, madres o tutores a "matricular a los menores".

Además, el radicalismo criticó que la división entre primaria y secundaria sea entre seis y seis años o siete y cinco años, y que eso quede a criterio de las provincias.

La senadora Hilda González de Duhalde consideró que el proyecto es "impecable" en su articulado, pero destacó que "es hasta hoy un enunciado de buenas intenciones que ojalá se pueda plasmar en la realidad y se pueda llevar a la práctica".

El expediente que ahora debe convertir en ley la Cámara de Diputados tiene algunas modificaciones con respecto al original que envió el Poder Ejecutivo Nacional.

Por ejemplo, en cuanto al rubro de Educación Artística, el proyecto también establece taxativamente la "formación en distintos lenguajes artísticos para niños y adolescentes en todos los niveles".

Además, se le agregó expresamente que se debe "respetar la libertad de conciencia, la dignidad, la integridad e intimidad de los miembros de la comunidad educativa".

Acerca de la igualdad educativa, en el artículo que establece la garantía de permanencia en las escuelas de alumnas en estado de gravidez, se agregó que los establecimientos educativos deben contar "con salas de lactancia".

La iniciativa plantea la educación como un bien público y la considera una política de Estado, el cual tendrá la "responsabilidad indelegable" de brindarla y asegurar su financiamiento a través de un porcentaje del Producto Bruto Interno que deberá llegar al seis por ciento en 2010, de acuerdo con la Ley de Financiamiento Educativo sancionada el año pasado.

La iniciativa, que reemplazará a la Ley Federal vigente desde 1995 unifica la estructura del sistema educativo, aunque por cinco años podrán convivir dos estructuras, una escuela primaria y otra secundaria de seis años cada una y otro esquema con siete años de educación primaria y cinco de nivel medio.

El proyecto precisa además que habrá 13 años de escolaridad obligatorios, desde la sala de cinco años del nivel inicial hasta el término de la escuela secundaria, al tiempo que establece que es obligatorio para el Estado arbitrar los medios para que cualquier niño pueda asistir a la sala de cuatro años.

La nueva normativa también determina cuatro niveles de enseñanza y ocho modalidades: educación técnica, artística, especial, no formal, rural, intercultural bilingüe, a los privados de su libertad y domiciliaria-hospitalaria.

Establece que la educación inicial se cumplirá desde los 45 días a los 5 años, y divide la educación secundaria en dos ciclos, el primero de orientación común para todas las modalidades y el segundo de especialización.

El proyecto introduce en la educación primaria la jornada extendida o completa y la obligatoriedad del nivel secundario, al tiempo que establece reformas pedagógicas e institucionales en este nivel de enseñanza.

Algunas de ellas son: un mínimo de 25 horas reloj de clase semanales, revisión de su estructura curricular, establece una alternativa de acompañamiento de los jóvenes por profesores o tutores y una concentración de horas cátedra para docentes.

La iniciativa introduce también la modalidad de que los alumnos de escuelas secundarias hagan prácticas educativas en empresas, organismos estatales y de la sociedad civil, sin relación contractual y con el sólo propósito de aprender y vincularse al mundo laboral.
El proyecto hace una especial mención a la educación especial y establece la garantía de que el Estado procurará la integración de aquellas personas con capacidades diferentes en todos los niveles de la educación.

Un núcleo de prioridades básicas de aprendizaje en todo el país, que incluya, entre otros puntos, la enseñanza de al menos un idioma extranjero, tecnología de la información, educación ambiental y cooperativa, fortalecimiento de la perspectiva latinoamericana y la causa de recuperación de Malvinas.