En medio de la puja por la seguridad en el subte, Justicia responsabilizó a Metrovías por un caso de violación

La estación San José de la línea E fue el escenario donde fue violada la chica en diciembre de 2004. para concretar el ataque, el violador le tapó la boca y la mantuvo amenazada con un cuchillo.

En medio de la pelea entre las Nación y la Ciudad por el traspaso del subte y la responsabilidad de la seguridad, la Justicia Civil porteña ordenó a la empresa Metrovías a indemnizar con más de 350.000 pesos a una mujer que fue violada en una estación de la línea E de subtes en diciembre del 2004. 

"El hecho delictivo debe ser imputado a la empresa por los defectos de las medidas de seguridad que estaba obligada a garantizar, toda vez que el hecho resultó evitable", señala el fallo de la sala H de la Cámara Civil. 

El hecho ocurrió en diciembre de 2004 cuando una pasajera fue violada en la estación San José en momentos en que se dirigía a visitar a su madre. Allí fue sorprendida en la escalera mecánica por un hombre que "le tapó la boca con una mano, mientras con la otra sostenía un cuchillo con el cual la amenazaba de muerte", tras lo que la sometió sexualmente. 

En primera instancia, la jueza civil Cecilia Federico sostuvo que las empresas ferroviarias que tienen a su cargo el transporte de pasajeros "deben soportar la consabida cláusula contractual estipulada en cuanto a que el pasajero debe llegar sano y salvo a destino", ya que el transportista "asume una obligación de resultado". Ese contrato es suscripto por la Nación, la Ciudad y Metrovías.

Metrovías cuestionó ese fallo argumentando que "el hecho provino del accionar delictual de un tercero extraño", por lo que "resultó ser un acontecimiento imprevisible, por revestir las características propias del caso fortuito". Además, explicó que a la fecha del delito, "el uso de videocámaras no se encontraba difundido con el alcance que posee en la actualidad", razón por la cual "el hecho en análisis revistió el carácter de imprevisibilidad".

Sin embargo, los camaristas Jorge Mayo, Liliana Abreu de Begher y Claudio Kiper replicaron que "la aparición súbita de forajidos, no es un hecho imprevisible para el empresario transportista, sino un indicativo de la habitual ausencia de medidas de prevención para resguardar los bienes y la seguridad de los pasajeros". Por este motivo, según los camaristas, "no puede reputarse caso fortuito a lo que está dentro del riesgo propio o específico de la actividad".

"Toda la responsabilidad que derive de hechos que concreten el `ejercicio` de la concesión, le corresponde al concesionario", explicaron los magistrados quienes señalaron que "de haberse encontrado presente personal de seguridad realizando la tarea de patrullaje prevista, el malviviente sin lugar a dudas se habría visto disuadido de cometer semejante delito".

En ese sentido, concluyeron que "el hecho delictivo debe ser imputado a la empresa por los defectos de las medidas de seguridad que la empresa estaba obligada a garantizar, toda vez que el hecho resultó evitable", por lo que confirmaron la indemnización impuesta en primera instancia.

En este contexto, el Gobierno porteño insistió este viernes en que "la solución" para el conflicto de la seguridad en los subtes "la tiene que dar el Gobierno nacional" y advirtió que "la principal responsable" de la prevención del delito en la Capital es la ministra Nilda Garré.

"La solución la tiene que dar el Gobierno nacional. Esto es lo mismo que un día la ministra Garré diga que retira la seguridad en Villa Urquiza. No pueden hacerlo de un día para el otro", enfatizó el ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro.

El funcionario aseguró que la gestión de Mauricio Macri no custodiará los subtes porque "no es su responsabilidad".

Este jueves, la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal Rita Ailán rechazó una acción de amparo presentada por Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (Sbase) destinada a evitar que la Policía Federal se retire de la custodia del servicio como ordenó el Gobierno nacional.

En su fallo, la jueza consideró que el tema en disputa es una cuestión política no judiciable. "Las circunstancias de admisibilidad referidas precedentemente excluyen que pueda convertirse en una instancia en la que los jueces asuman facultades propias de otras autoridades públicas o poderes o se constituyan en revisores de su actuar dentro de las normas respectivas", sostuvo.

Para Montenegro, esa resolución no tiene efectos inmediatos. "Es una decisión correcta en cuanto a que la responsabilidad de las decisiones es política", consideró el ministro PRO, quien advirtió que el retiro de la Federal de las estaciones de subte "podría tener consecuencias penales".