Escuchas: funcionario de Macri admitió que la Policía Metropolitana planeaba "hacer inteligencia"
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Agustín Gamboa, de 38 años, es abogado y tiene un postgrado en Derecho Penal y Ciencias Penales de la USAL.
En ese entonces James reportaba como abogado asesor del Ministerio de Educación porteño, a cargo del ex ministro Mariano Narodowski. Es decir, el espía actuaba como parte de la Metropolitana, a mediados del año pasado, pero no había ingresado a la fuerza.
Para el titular de la Comisión, Martín Hourest, resultó clave la intimación judicial a través de la fuerza pública para que los convocados asistan. "A partir de ejercer presión sobre los testigos, empezamos a ver que había un mecanismo de ocultamiento", señaló.
Sobre la declaración del funcionario macrista, el legislador de Igualdad Social, comentó que Gamboa reconoció que "buena parte de la autoridades de la Policía Metropolitana no tiene jerarquía moral para pertenecer a la fuerza".
"Si hubiese sospechado que James, Palacios o quien fuere iban a cometer algún delito nunca les hubiera dado mi tarjeta personal y menos una reunión", dijo por último Gamboa.
El 13 de agosto pasado la Legislatura porteña creó la Comisión por 36 votos a favor y 24 en contra. Casi dos meses después de esa votación, los diputados que integran el cuerpo lograron sentar por primera vez a un testigo. Otros cinco citado vinculadas a la Universidad Nacional de La Matanza se excusaron.
Faltan ocho semanas para el plazo límite establecido para determinar si Macri es políticamente responsable de las escuchas. Pero ante tantas trabas que surgieron para la investigación, la Comisión podría no finalizar sus líneas con tiempo suficiente para realizar su dictamen.
De los 30 testigos que fueron citados y que se negaron a concurrir, once ya prestaron declaración indagatoria en la causa judicial que lleva adelante Norberto Oyarbide, siete solicitaron una nueva fecha de audiencia, cuatro se ofrecieron a dar su testimonio por escrito y cinco no pudieron concurrir por estar fuera de su país.
Además, tres notificaron a través de sus superiores que no concurrían amparados por la normativa vigente (como el secretario del juzgado que lleva la causa Gustavo Russo), mientras que los siete restantes no entregaron formalmente las razones de su ausencia.




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