4 de octubre 2010 - 22:09

Escuchas: funcionario de Macri admitió que la Policía Metropolitana planeaba "hacer inteligencia"

Agustín Gamboa, de 38 años, es abogado y tiene un postgrado en Derecho Penal y Ciencias Penales de la USAL.
Agustín Gamboa, de 38 años, es abogado y tiene un postgrado en Derecho Penal y Ciencias Penales de la USAL.
Las autoridades de la Comisión Especial Investigadora que buscar determinar la responsabilidad política del procesado Mauricio Macri en el escándalo de las escuchas aseguraron que único el testimonio brindado desde que se inició la pesquisa reveló cuál era el rol del ex policía de la Federal Ciro James en la Policía Metropolitana.

Según relató la secretaria de la CEI, Gabriela Cerruti, la declaración del secretario general de Política Criminal de la ciudad, Agustín Gamboa, fue reveladora. "Lo bueno de hoy es que empezamos a tener un montón de información", dijo la legisladora del bloque Nuevo Encuentro.

Gamboa se entrevistó con James para coordinar tareas concurrentes de la Policía Metropolitana con el ministerio público fiscal cuando la fuerza todavía no estaba en la calle, su jefe era Jorge "Fino" Palacios y Roberto Ontiveros el N° 3 de la fuerza.

Según el abogado de 38 años, la reunión le fue solicitada por Palacios y en el encuentro, Ontiveros y James le dijeron que "se iban a incorporar en la parte de investigaciones de la Policía Metropolitana".

Gamboa afirmó que en aquel encuentro, que duró "no más de media hora", le preguntaron "de qué se trataba la tarea de los fiscales" y advirtió que durante la reunión "James permaneció callado".

Para Cerruti, ese encuentro demuestra los vínculos entre las tareas de espionaje y el Gobierno porteño. "Se reunieron para hablar del futuro espacio de inteligencia e investigación de la Policía Metropolitana, cuando la ley que la creó lo prohíbe", conjeturó.

En ese entonces James reportaba como abogado asesor del Ministerio de Educación porteño, a cargo del ex ministro Mariano Narodowski. Es decir, el espía actuaba como parte de la Metropolitana, a mediados del año pasado, pero no había ingresado a la fuerza.

Para el titular de la Comisión, Martín Hourest, resultó clave la intimación judicial a través de la fuerza pública para que los convocados asistan. "A partir de ejercer presión sobre los testigos, empezamos a ver que había un mecanismo de ocultamiento", señaló.

Sobre la declaración del funcionario macrista, el legislador de Igualdad Social, comentó que Gamboa reconoció que "buena parte de la autoridades de la Policía Metropolitana no tiene jerarquía moral para pertenecer a la fuerza".

"Si hubiese sospechado que James, Palacios o quien fuere iban a cometer algún delito nunca les hubiera dado mi tarjeta personal y menos una reunión",
dijo por último Gamboa.

El 13 de agosto pasado la Legislatura porteña creó la Comisión por 36 votos a favor y 24 en contra. Casi dos meses después de esa votación, los diputados que integran el cuerpo lograron sentar por primera vez a un testigo. Otros cinco citado vinculadas a la Universidad Nacional de La Matanza se excusaron.

Faltan ocho semanas para el plazo límite establecido para determinar si Macri es políticamente responsable de las escuchas. Pero ante tantas trabas que surgieron para la investigación, la Comisión podría no finalizar sus líneas con tiempo suficiente para realizar su dictamen.

De los 30 testigos que fueron citados y que se negaron a concurrir, once ya prestaron declaración indagatoria en la causa judicial que lleva adelante Norberto Oyarbide, siete solicitaron una nueva fecha de audiencia, cuatro se ofrecieron a dar su testimonio por escrito y cinco no pudieron concurrir por estar fuera de su país.

Además, tres notificaron a través de sus superiores que no concurrían amparados por la normativa vigente (como el secretario del juzgado que lleva la causa Gustavo Russo), mientras que los siete restantes no entregaron formalmente las razones de su ausencia.

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