Espías navales compartían datos con otras fuerzas

La ministra de Defensa dio instrucciones ayer al subjefede la Armada, vicealmirante Benito Rótolo, para que acelere la conclusión de la investigación del caso de espionaje político cometido en la Base Aeronaval Almirante Zar. En una reunión, Garré escuchó durante casi una hora la situación de los marinos implicados y los avances en la investigación.

Rótolo, un aviador naval que fue enlace de la fuerza en el Congreso, quedó a cargo de las actuaciones porque el más comprometido en el espionaje ilegal es el vicealmirante Eduardo Avilés, tercero en la línea de comando de la Marina.

Garré no es la única interesada en definir con rapidez cómo era la cadena de mandos que usaba la información política, sus ramificaciones y el interrogante más sensible: ¿con qué objetivo se hacía inteligencia en el Comando de Operaciones Navales?

El juez federal de Rawson, Jorge Pfleger, parafraseando a Ortega y Gasset, tiene también la presión de «sus circunstancias». Ocurre que el gobierno de Chubut -Mario Das Neves hizo punta presentándose en el juzgado- es querellante en la causa de espionaje político y el juez Pfleger, a cargo de la investigación, es uno de los candidatos propuestos por Das Neves junto con Pedro Cortelezzi (actual camarista) y Alejandro Javier Panizzi (fiscal anticorrupción), para conformar la Sala Penal que se propugna crear en el Superior Tribunal de Justicia del Chubut. Más aún, un peritaje realizado al disco rígido de la computadora personal del capitán Gustavo Monzani, jefe de la central de inteligencia de la Base Zar, reveló archivos con datos de personalidades políticas: la ministra Nilda Garré, el gobernador Mario Das Neves y la subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia, Elisa Martínez, entre otros.

Otra línea de trabajo que se perfila es verificar quiénes se sirvieron de esa información además de su receptor, el relevadocomandante de Operaciones Navales, vicealmirante Eduardo Avilés y si hubo colaboración de otras agencias. La minuciosidad de la denuncia presentada por el suboficial de inteligencia naval Carlos Ariel A. (se omite el apellido a pesar de que el juez de la causa no concedió la calidad de identidad reservada) tiene un elemento preocupante que podría convertir el espionaje político en Trelew en una marea roja dentro de los servicios de otras fuerzas, aun las de seguridad.

Es que Carlos Ariel A. menciona que la mayoría de la información que obtenían dentro de la central de la Base Almirante Zar era compartida por la «comunidad informativa» en reuniones periódicas. En la jerga de los espías, la comunidad informativa se integra con todos los servicios que tienen presencia en la localidad en este caso, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Prefectura, la Policía de la provincia de Chubut y la delegación de la SIDE.

El miércoles pasado, en medio de las urgencias del tribunal por armar una lista con todos los espiados para darla a conocer lo antes posible -¿se publicará hoy en coincidencia con el aniversario del golpe de 1976? -, Pfleger y los otros candidatos concurrieron a la Legislatura provincial y pidieron celeridad en el tratamiento de los pliegos de sus designaciones.

¿Habrá considerado Pfleger el resultado del allanamiento que hizo el juez federal Ariel Lijo durante dos días (miércoles y jueves) a la sede del Servicio de Inteligencia Naval ubicado en el edificio Libertad? Lijo, titular del Juzgado Federal Nº 4, actuó ante un pedido urgente de Pfleger.

El procedimiento abarcó tres pisos: el cuarto, el quinto y el sexto, además de una recorrida por un campo de antenas satelitales para la red exterior de la inteligencia naval. Al parecer no halló nada que pudiera vincular la actividad de esas oficinas en Buenos Aires con el espionaje político realizado entre la Base Zar, Trelew y el Comando de Operaciones Navales en Bahía Blanca.