Facilidades para iniciativa popular

El Congreso sesionó ayer a medias: en una demostración de que los reproches a la comisión bicameral de la AMIA -incluidos en el fallo de la cámara que absolvió a la denominada conexión local-no los afectó, los diputados improvisaron una minisesión, a pocas horas -y metros-de la marcha en reclamo de justicia por la voladura de la mutual israelita.

En menos de 120 minutos aprobaron y giraron al Senado un dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales que reduce los requisitos para presentar una iniciativa popular. El texto, sancionado por 170 votos (sólo hubo uno en contra y un par de abstenciones), permitirá que las propuestas de los ciudadanos lleguen con mayor facilidad al ámbito parlamentario y puedan ser debatidas.

Si se convierte en ley, será suficiente con tener 250 mil firmas para presentar una propuesta en el Congreso, en lugar de 375 mil como se exige en la actualidad. El proyecto -que modifica el régimen de iniciativa popular vigenteapunta a fomentar la participación popular, al tornar más flexibles los requisitos para presentar un proyecto por parte de la ciudadanía.

• Creación

De esta forma, la iniciativa popular requerirá la firma de un número de ciudadanos no inferior a uno por ciento del padrón electoral utilizado para la última elección de diputados nacionales, y deberá representar por lo menos a seis distritos electorales.

La redacción -que establece modificaciones a los artículos 4 y 13 de la ley de iniciativa popularcontempla, asimismo, la creación de una comisión parlamentaria asesora para ayudar a los ciudadanos a cumplir las condiciones de la ley.

Es una inquietud -consagrada sobre la base de textos del peronista bonaerense Juan José Alvarez, la arista Marcela Rodríguez y la frepasista Nilda Garré y vinculada con la reforma política-que podría convertirse en el único proyecto en esa línea en ser aprobado por las cámaras legislativas en el transcurso de este año. Los diputados admiten que no será fácil avanzar en otros temas más controvertidos, como la eliminación de las listas sábana y el financiamiento político, dado que el Ejecutivo aún no envió proyectos.

Al defender el proyecto, el diputado Juan José Alvarez subrayó la necesidad de avanzar en la reforma política y puso de relieve la creación de una oficina de asesoramiento que hará de esta iniciativa «una posibilidad real para aquellos ciudadanos que quieran comprometerse».

• Plazo

La propuesta busca facilitar el uso de esta herramienta de participación democrática incorporada en la reforma constitucional de 1994, dado que, desde la sanción de la ley reglamentaria en 1996, ningún ciudadano pudo darle forma de iniciativa popular a un proyecto debido a las fuertes exigencias que había que cumplir.

Además, el proyecto contempla un plazo para juntar esas firmas -un punto que no figuraba en la primera ley de iniciativa popular-y establece que será de 18 meses, con la posibilidad de prorrogarlo por dos meses por parte de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja.

Además, la iniciativa fija que, tras el ingreso formal del proyecto, las comisiones asesoras de Diputados dispondrán de un plazo de 45 días para emitir dictamen, y a la semana siguiente deberá ser debatido en el pleno del cuerpo, aun cuando no se haya producido un despacho sobre la materia.