Facturas truchas también en la UBA

Aunque la Auditoría General de la Nación parece no haber vuelto aún de vacaciones, ya comenzaron a conocerse algunos de los informes con los que debutarán los auditores en 2008. Sin dudas el más conflictivo, que fue aprobado la semana pasada en el primer plenario del año, es el que se realizó sobre el control y manejo de fondos en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

El resultado de la auditoría arrojó irregularidades suficientes como para que la AGN enviaran el expediente inmediatamente a la Procuración General de la Nación para que investigara la existencia de un perjuicio para el Estado y que se identifique a los responsables, un dolor de cabeza para el decano Alberto Barbieri.

Las dudas sobre el manejo de fondos en la Universidad de Buenos Aires y los centros de estudiantes no son una novedad. Pero sí la descripción que ahora se hace de las diferencias que se detectaron en la contabilidad de esa casa de estudios, curiosamente en el lugar donde se otorga el diploma de contador público.

El análisis de los número arranca en 2005. En ese año, por ejemplo, no se encontraron las resoluciones del Consejo Superior disponiendo la incorporación o distribución de fondos correspondientes a las partidas «Economía de ejercicios anteriores» y «Crédito externo». Tampoco aparece aprobada la distribución de $ 2,5 millones provenientes de recursos propios.

Beneficios sociales

También se cuestiona en esa época que se otorgaran beneficios sociales a los empleados por $ 855 mil sin la debida justificación, más otros rubros por «ayuda económica».

Se cuestiona también el alquiler de un edificio destinado a los cursos de posgrado por un monto mensual que supera el que en su momento fue fijado por el Tribunal de Tasaciones, además de no haber sido aprobado en la operación mediante una licitación. Ese alquiler por $ 27.000 mensuales no habría pasado por el área de contrataciones, de acuerdo con la AGN. A pesar de eso el contrato se prorrogó sucesivamentea través de convenios. Pero hay un dato que encontró la auditoría que podría derivar en una complicada denuncia penal: de acuerdo con el informe se detectó en la Dirección de Imprenta el pedido de impresión de facturas con numeración repetida, sin que se supiera luego el destino que tuvieron esos documentos.

Estacionamientos

Uno de los puntos más curiosos del informe es relato sobre el manejo de las playas de estacionamiento que maneja Ciencias Económicas. Según el informe, no existen «procedimientos formales» sobre la rendición de los ingresos por esas playas, ni se sabe el monto de esa recaudación. En este caso la muestra se hizo sobre la declaración final de 2005. Para ese momento la playa de Córdoba 2178 ni siquiera tenía habilitación municipal y las de Uriburu 711 y Viamonte 2189 estaban en trámite. Este punto ya había provocado un escándalo hace dos años cuando un usuario osó reclamar un ticket por el servicio, que no le había sido entregado.

También se encontraron irregularidades en los convenios de asistencia técnica y pasantías, por los que la facultad percibe ingresos, algunos sin fecha de suscripción y «que superan el porcentaje de comisión de 5% que le corresponde a la facultad para atender gastos administrativos del programa».

Otro problema es el de los negocios cedidos al Centro de Estudiantes para su explotación. La AGN cuestiona que esos espacios fueron entregados por el decano de turno cuando no tiene el poder delegado del Consejo Superior de la Universidad para hacerlo.

Algunos de esos locales, según la AGN, fueron cedidos por el Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas a favor de terceros, como en el caso de los servicios de fotocopias y venta de bebidas (también en este caso existen antecedentes de escándalos internos), cuando la reglamentación establece que debían ser explotados sólo para beneficio de la sociedad sin fines de lucro que manejan los estudiantes.