Mientras el Gobierno tomó medidas de control sobre el fentanilo para evitar que se destine al mercado negro, Diputados se reunió este jueves para impulsar la constitución de una comisión investigadora sobre las más de 100 muertes pero, dada una maniobra parlamentaria de la Libertad Avanza, se pospuso. En el encuentro, además, se reiteró el reclamo por el tratamiento de la ley Nicolás, que busca reglamentar jurídicamente casos de mala praxis médicas.
Fentanilo: por una maniobra del oficialismo, Diputados pospuso la creación de una comisión investigadora
Previamente, familiares de víctimas reclamaron "acción inmediata". Aún así, un diputado libertario se comprometió a dar lugar al debate en una semana.
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Diputados insisten en la conformación de una comisión investigadora por la causa de fentanilo.
Por la causa de fentanilo contaminado han sido registradas más de 100 muertes, distribuidas en instituciones sanitarias de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Formosa, Neuquén y Santa Fe, además de la ciudad de Buenos Aires. La semana pasada, acudieron al espacio familiares de víctimas tomaron la palabra. Entre ellas, Liliana Peralta, mamá de Leonel Ayala, quien pidió "compromiso y acción inmediata" que garantice asistencia psicológica los involucrados, la entrega de historia clínica de las víctimas y un pedido de informes a los centros sanitarios involucrados.
Sin embargo, el oficialismo concretó un movimiento dilatorio en el giro a las comisiones, que consistió en la definición de los espacios a los que son pertinentes el tratamiento de los proyectos. Históricamente, las comisiones investigadoras son definidas en Peticiones, Poderes y Reglamento, pero la Presidencia de la Cámara, es decir Martín Menem, definió incluir en el giro a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que también se quedó con la cabecera, que es la que determina la convocatoria a plenarios.
Lo que ocurre es que desde el inicio de año las comisiones presididas por miembros de La Libertad Avanza (Presupuesto o Libertad de Expresión) sostienen la estrategia de no convocar a ninguna reunión que discuta proyectos opositores. Ese es el caso del titular de Asuntos Constitucionales, titularizado por Nicolás Mayoraz.
Es por eso que se reunió la otra comisión incluida, la de Peticiones, Poderes y Reglamentos, que recibió dos proyectos que se terminarían de tratar la semana que viene: uno del peronismo (con apoyo de Encuentro Federal, Democracia para Siempre y el Frente de Izquierda) y otra del PRO (con apoyo de la UCR y La Libertad Avanza). La principal diferencia es el mecanismo de composición de la comisión y sus potestades. Todos los sectores manifestaron su voluntad de consensuar un proyecto único.
La presidenta de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, Silvia Lospennato, subrayó que "quitarle la cabecera a esta comisión no estuvo bien" y aseguró que Mayoraz se había comprometido a convocar al plenario para esta semana, aunque luego se desdijo y lo reprogramó para la semana que viene. "Dependerá de la voluntad del presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de hacer la convocatoria para tener el dictamen", dijo Lospennato y precisó que "no hemos sido exitosos en que se nos haya contestado afirmativamente a los dos requerimientos que les hicimos".
Ley Nicolás: de qué trata
La Ley de Calidad y Seguridad del Paciente lleva el nombre de Nicolás Deanna, un joven oriundo de Villa Gesell que falleció a los 24 años en el 2017 cuando no le detectaron a tiempo una meningitis bacteriana. La propuesta fue aprobada en Diputados sobre tablas con apoyo unánime en diciembre del 2023 y, si no tiene tratamiento en el Senado, perderá estado parlamentario y tendrá que volver a hacer todo el camino legislativo.
Entre las reformas, la Ley Nicolás contempla que las matrículas médicas salgan de la órbita de las colegiaturas médicas y pasen a depender del Ministerio de Salud; la constitución de una estadística anual de mala praxis, el reporte de errores en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino, la informatización de las historias clínicas de todo el país y la obligatoriedad de procesos formativos y de verificación periódicas de aptitud profesional de los equipos de salud.
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