La Argentina y Uruguay tendrán hasta el jueves próximo para enviar los últimos escritos al tribunal del Mercosur que deberá decidir antes del 7 de setiembre sobre el caso de la acusación que hizo el gobierno de Tabaré Vázquez por los cortes de las rutas binacionales surgidos ante el anuncio de la construcción de las pasteras de Fray Bentos. Los técnicos de la Cancillería argentina designados para representar al país, Juan Vicente Sola y Nora Capello, trabajarán hasta el miércoles para cerrar la posición de los alegatos que se le enviarán al tribunal de Montevideo.
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En estos escritos, Uruguay continuará con su posición de denunciar la presunta « omisión» del Estado argentino frente a los cortes en Entre Ríos, mientras los enviados del Ministerio de Relaciones Exteriores seguirán explicando que la actitud de avanzar en la « disuasión» para que se levanten los cortes fue la decisión correcta.
Mientras esto sucede, y en paralelo, la Cancillería observará con atención la actitud que asuma el presidente del tribunal ad hoc del Mercosur, el español Luis Martí Mingarro. En el Ministerio que dirige Jorge Taiana sostienen que si este árbitro se maneja con « imparcialidad y ajustándose a derecho», el desenlace de la demanda tendrá «una salida justa» y no será necesario ni que impugnen su actuación, ni una apelación al tribunal de revisión de Asunción. Se confía dentro del ámbito diplomático en que el abogado español difícilmente suscriba un dictamen que abone la teoría de que está ligado a los intereses de la compañía ibérica ENCE, una de las dos que proyecta una pastera en la ciudad uruguaya de Fray Bentos. Hay que recordar que la otra papelera, Botnia, también pertenece a la Unión Europea ya que es finlandesa.
Martí, recuérdese, fue impugnado por la Argentina, porque es del mismo país que ENCE, porque fue elegido de una lista propuesta por Uruguay y porque lo fue en un sorteo denunciado como irregular. La impugnación no prosperó en el tribunal de justicia del Mercosur, que funciona en Asunción del Paraguay.
«Está en juego su prestigio internacional...», reflexionó una fuente del Ministerio de Relaciones Exteriores que prefiere anteponer este pensamiento al que llevó precisamente a la Argentina a impugnarlo como árbitro apenas resultó elegido por sorteo.
El jueves será el día tope para la presentación de los alegatos escritos, en los que cada país compendiará todos los elementos: datos, estadísticas, etc., que reseñen sus posturas. A partir de entonces, con fecha límite el 7 de setiembre, el tribunal deberá exponeruna medida laudatoria.
Las mismas fuentes consultadas indicaron que en el curso de la semana, el propio Martí Mingarro definirá si volverá a reunirse -y, eventualmente, dónde- para redactar el laudo con sus compañeros del tribunal, el argentino Carlos Barreira y el uruguayo José María Gamio. El tribunal no tiene la obligación de volver a reunirse, pero quedó la sensación tras las sesiones de Montevideo de que los tres árbitros se encontrarán para la redacción y que probablemente la sede para la ocasión sea Asunción del Paraguay.
Rol del gobierno
La demanda uruguaya no incluyó el aspecto de los presuntos «daños» que -asegura-no casionaron los cortes y que estimaron en unos 400 millones de dólares, sino que se ciñó al rol que le cupo al gobierno de Néstor Kirchner durante los cortes. Sin embargo, según admitieron fuentes oficiales del Uruguay, el objeto de la demanda es poder tener un éxito judicial que habilite a la gestión de Tabaré Vázquez a ir luego por el reclamo de un resarcimiento económico en algún tribunal competente.
Cualquiera de los dos países tendrá luego, además, la alternativa de recurrir al tribunal formal del Mercosur de resolución de controversias, que opera en Asunción del Paraguay. En la delegación argentina aseguran que esto ocurrirá si se percibe en el fallo del juez Martí Mingarro una tendencia a favorecer a Uruguay por ser español.
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