Finalmente se firmó el decreto de lavado

El gobierno presentó ayer en sociedad el decreto contra el lavado de dinero basado en la creación de la Unidad de Información Financiera (UIF) y con la inclusión de una amenaza: la inutilidad práctica para el fin buscado de control de los movimientos del dinero en negro, pero la peligrosidad de que los poderes que se le entregan al nuevo organismo puedan ser utilizados políticamente para cualquier cosa menos para fines económicos.

Según el texto firmado por Fernando de la Rúa prácticamente todas las funciones que se le asignan a como tareas al nuevo ente burocrático ya tienen a priori otras reparticiones públicas responsables. En otras palabras, las flamantes funciones de la UIF ya las tienen otras oficinas de la Administración Pública Nacional que también deben controlar «operaciones sospechosas», siguiendo el texto del decreto; lo que inevitablemente hará aumentar el gasto público.

Así la UIF tiene que inspeccionar operaciones de compra y venta en las que el monto «exceda la razonabilidad», movimientos financieros y transacciones electrónicas sin razón aparente, cuestiones que hagan a aumentos en los patrimonios de las personas sin justificación, contrataciones de transporte de caudales, giros fuera de lo común, etc., todas cuestiones que ya fiscalizan diferentes departamentos de la Dirección General Impositiva, la Aduana, las reparticiones de rentas provinciales, el Ministerio Público, la Auditoría General de la Nación y la hasta ahora poco efectiva Oficina Anticorrupción.

En general, la estructura del decreto puede dividirse en tres partes. En la primera se anuncia el futuro lanzamiento de un concurso público para integrar la UIF y la formación temporal de este cuerpo con funcionarios que hoy están dentro del sector público.

En la segunda se distribuye el país en regiones con sedes donde se abrirán oficinas en el interior. Finalmente, y lo más importante, se le asignan las funciones.

En medio de una tormenta política desatada cuando los bloques de la Alianza del Senado y Diputados consideraron que Pedro Pou debía hacerse a un lado de su cargo de presidente del Banco Central y los senadores convocaron a la comisión que debe analizar su remoción, De la Rúa dio algunas señales en la constitución de la UIF. Se ratificó que la integrarán ministros y las máximas cabezas de los organismos que la ley indica deben estar representados, esto para desvirtuar cualquier crítica a la constitución provisoria de la UIF sin haber procedido a concursar los cargos, algo que se deberá hacer dentro de los próximos 90 días.

Sólo en el caso del Central se rompió esta regla con el nombramiento de Martín Lagos, actual vicepresidente del banco, en lugar de Pedro Pou.

De esta forma De la Rúa lo excluyó en medio de la tormenta política. A la cabeza de la UIF estará Jorge de la Rúa como ministro de Justicia.

Lo acompañará José Luis Machinea; el secretario de Lucha contra el Narcotráfico, Lorenzo Cortese, y Lagos por el Central. Además, se sumarán el director de la AFIP, Héctor Rodríguez, y el vicepresidente de la Comisión Nacional de Valores, Luis Secondini.

Según establece la ley de lavado de dinero, la UIF estará integrada por once miembros, por lo tanto todavía queda pendiente el nombramiento de cinco expertos en lavado que deben ser elegidos por concurso.