Frenan de nuevo intervención de obra municipal

La mala jornada para Mauricio Macri, que resistió dos marchas en su contra y la baja de una diputada, se completó con un nuevo fallo judicial que desanda todo el camino de la intervención de la obra social de los empleados municipales. Como cuota extra, en la entidad prestadora -intervenida por Macri hasta ayer-hubo un allanamiento a pedido de la tropa de Elisa Carrió.

Esta vez fue la Justicia federal, que haciendo lugar a un amparo de los sindicalistas anuló la intervención que la semana pasada había sido confirmada por la Cámara de Apelaciones porteña.

De ese modo se provoca ahora un conflicto de competencias que terminaría en la Corte, con resolución quién sabe en qué plazo.

Ayer, el Juzgado Federal 7 de la Seguridad Social hizo lugar a un recurso presentado por los gremialistas, según explicó el abogado Andrés Gil Domínguez, quien además aseguró que con esta nueva resolución «queda paralizado en su totalidad el proceso de intervención y desregulación» de la obra social impulsado por Macri.

Diálogo

En cambio, la semana pasada la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteña había refutado un fallo anterior y habilitaba la intervención por 180 días, la cual estaba destinada a encauzar las acciones necesarias para desregular la prestadora y que los afiliados puedan optar por otra si lo requieren. Esa opción la tienen vetada hasta ahora, por tratarse de una obra social que no integra el Sistema Nacional de Salud, al estilo de las provinciales.

«Ahora queda el camino del diálogo», conformó Gil Domínguez. El letrado le explicó a este diario que el sindicato municipal Sutecba ya presentó un proyecto de desregulación ante la Superintendencia de Salud, que conduce el kirchnerista Héctor Capaccioli, y que ya había sido aprobado.

La iniciativa consiste en que el sindicato reciba la ObSBA con sus derechos y obligaciones para transformarla en los papeles en una obra social sindical y así integrarse al sistema nacional. Por supuesto que no es sólo lo que busca Macri, quien viene acusando de irregularidades en la administraciónal directorio que conduce Patricio Datarmini.

En ese sentido hubo un informe de auditoría dando cuenta de presuntas irregularidades en el uso de un subsidio de $ 20 millones. Pero ese informe fue protestado ante la Justicia por la propia auditora general, la ex legisladora kirchnerista Sandra Bergenfeld.

Allanamiento

Pero ayer, por la denuncia de otra auditora, Paula Olivetto, se realizó un allanamiento en la sede de la ObSBA de la calle Rivadavia al 6000 en busca de documentación sobre el uso del subsidio.

«La Auditoría es la que tiene la documentación original», se sorprendió Gil Domínguez, quien aseguró que de la entidad, la Justicia se llevó fotocopias, aunque desde la Coalición Cívica aseguraron que se sacaron cajas con documentación.

«Mañana anunciaremos esta nueva situación y pediremos que se dirima quién tiene la competencia para expedirse sobre la cuestión», anticipó Gil Domínguez, con respecto a cuál fallo es el que rige.

Además, aseguró que presentarán «un recurso de inconstitucionalidad» de la resolución que habilitó la intervención y que el interventor nombrado por Macri, Jorge Rey, «ahora puede volver a asumir como vicepresidente de la obra social, como lo había nombrado el jefe de Gobierno».