Gobierno defendió a Argibay y también postura antiaborto

Obligado, debió el gobierno salir a garantizar la continuidad de la política contra la despenalización del aborto, una línea que la administración de Carlos Menem supo cuidar durante una década en su relación con el Vaticano.

El mensaje del papa Juan Pablo II exhortando al gobierno de Néstor Kirchner a frenar los intentos proabortistas, revitalizó la oposición de la Iglesia a la designación de Carmen Argibay como candidata a la Corte Suprema de Justicia. Es cierto, el padre de la grey católica evita mencionar a Argibay, pero en todos sus documentos destaca como preciso que el valor de la vida humana sea custodiado con esmero « atajando prontamente los múltiples intentos de degradar el bien primordial de la vida». Lo dijo también el Pontífice el sábado al recibir las credenciales del sindicalista católico Carlos Custer como nuevo embajador argentino ante el Vaticano.

Es que la jurista con sus apresuradas declaraciones terminó poniendo en aprietos al oficialismo, que necesita del respaldo del Vaticano en sus negociaciones con el FMI por la deuda externa.

Ayer, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, negó que se promueva la despenalización del aborto y afirmó que el Estado « ha hecho muchas cosas para evitar el aborto». Es más, ratificó que el aborto está penado por la legislación y que no existe ningún proyecto de ley promovido por el gobierno nacional que lo despenalice. « El gobierno argentino no ha tenido ninguna expresión en favor de despenalizar el delito de aborto. Lo que ha existido es la expresión personal, respetable, de alguien que piensa distinto, a la luz de algunos datos estadísticos», remarcó el jefe de Gabinete. Las palabras de Juan Pablo II sorprendieron al gobierno de Kirchner, que esperaba un mensaje vinculado con la pobreza y el endeudamiento de los países en desarrollo.

Sin embargo, sobre la deuda el Papa dijo que valora los esfuerzos argentinos por «aminorar los factores externos que influyen gravemente en la coyuntura económica». No aportó más. Algunos creen que el Pontífice demoró un pronunciamiento a la espera de una definición más contundente y oficial del gobierno. En rigor, a la Iglesia no le interesa tanto las expresiones de Argibay sino que Kirchner diga claramente que su gobierno tiene una posición contra el aborto.

• Vuelco

Si el pronunciamiento se concreta habrá un vuelco más definido del Vaticano en apoyar las negociaciones argentinas ante el grupo de países más desarrollados por la deuda externa. Por el contrario, si evita emitir una declaración es poco probable que apoye el endurecimiento que mantiene en sus negociaciones con el Fondo Monetario.

El canciller Rafael Bielsa, que conoció el discurso papal mientras estaba en Caracas acompañando a Kirchner en la cumbre del Grupo de los Quince, intentó descomprimir la situación y mostró como garantía de una política antiaborto la Ley de Salud Reproductiva que fue sancionada cuando Eduardo Duhalde era presidente. No fue el mejor ejemplo. La norma fue cuestionada por el Episcopado que creyó ver que la flamante ley escondía la intención de despenalizar y hasta legalizar el aborto. Inclusive fue objeto de planteos ante la Justicia que suspendió su aplicación hasta que un tribunal superior falló en contrario.

La norma de referencia hace base en la educación sexual de la población, con especial participación del sistema de salud, y apunta a los sectores más pobres y menos conectados con el sistema educativo formal. Tendrá oportunidad de explicarlo Bielsa dentro de una semana cuando se entreviste con el Papa en misión a preparar una futura reunión de Kirchner con el Pontífice.

En rigor, Kirchner paga en su gestión la postura en favor de la Ley de Salud Reproductiva del gobierno de Eduardo Duhalde. La propia Chiche Duhalde alentó esa sanción, inspirada en los consejos de Ginés González García: sólo por el carácter transitivo del ministro de Salud serían plausibles los reproches hacia Kirchner por esa sanción. Memoriosos de la gestión anterior recuerdan que, cuando un amigo le pidió explicaciones acerca de por qué adoptaba el duhaldismo una postura tan irritante para el catolicismo, el jefe de Estado de entonces preguntó: «¿Y qué querés, que me pelee con mi mujer?».

• Actualización

Tampoco Justo Laguna hizo un papel rutilante en su última aparición, dando a entender que el Papa está desactualizado respecto de las cuestiones sobre las que opina: más allá de su situación personal, el Vaticano dispone de una burocracia que pone al día las expresiones del Pontífice sobre todos los temas que requieren su opinión, «como cualquier jefe de Estado», comentó un experto ayer.

El embajador Custer, entrevistado en Roma, remarcó que el Papa no mencionó la palabra aborto en su mensaje: « Lo suyo fue apelar en positivo, como siempre lo hace, por la preservación de la familia». Custer evitó opinar sobre si las palabras de Juan Pablo II aludieron a la candidata a la Corte.

«La doctora Argibay fue elegida por el gobierno debido a su extraordinaria trayectoria jurídica. No me corresponde a mí emitir más juicio que ése sobre su persona», dijo el embajador.

El mensaje papal llega en momentos en que el gobierno analiza las objeciones y los respaldos a la postulación de la jurista Argibay para integrar la Corte en el período de consideración pública sobre los candidatos previa a su confirmación o rectificación.

• Impugnaciones

Varios sectores de la sociedad y católicos promovieron impugnaciones a Argibay, como antes lo habían hecho con el primer miembro del Tribunal Supremo designado por Kirchner, el controvertido Eugenio Zaffaroni. Pesó las expresiones de la candidata, quien se definió como «atea militante» y partidaria de despenalizar el aborto.

Organizaciones católicas tienen previsto lanzar este mes una campaña para difundir su posición contraria a la despenalización del aborto, tema que no está particularmente en debate en la sociedad argentina en este momento.

Como siempre (ya una rutina) Fernández tuvo que salir a explicar que Argibay « no puede derogar la figura penal del aborto, porque no es diputada», y porque « no tiene ninguna capacidad para poner en crisis un instituto legal como es el delito del aborto». Sin embargo, todo el gobierno admite que las declaraciones de Argibay complicaron la relación con la Iglesia y alentaron al pronunciamiento del Papa, en rigor inspirado en la Ley de Salud Reproductiva.