Gobierno dice que polémica reforma refleja voto popular

Política

El gobierno defendió ayer en los tribunales la reforma del Consejo de la Magistratura y advirtió que la ley que reduce de 20 a 13 la cantidad de miembros de ese cuerpo colegiado es la expresión de la voluntad popular.

El descargo del Estado se concretó el martes por la tarde en el Juzgado N°3 de Claudia Rodríguez Vidal. Era el último plazo legal que tenía la administración Kirchner para responder una demanda de inconstitucionalidad presentada por la Asociación de Abogados de Buenos Aires (AABBA) contra la Ley 26.080 que modificó la composición del Consejo de Jueces.

En 60 páginas -de las cuales utiliza 10 para transcribir textualmente la defensa de la ley que hizo Cristina Kirchner en el Senado- los abogados del Estado sostienen que la norma «ha respetado el pluralismo», tanto estamental como partidario, y que la composición establecida «cumple con la voluntad del constituyente» al no transferir los poderes propios de decisión «a quienes no tienen la representación popular».

«La exigencia constitucional en cuanto a que la norma legal procure el equilibrio, no implica igualdad en la representación, sino solamente establecer los medios para tender a la presencia de las partes referidas en el texto constitucional pero sin hegemonía de uno de los estamentos o de la mayoría parlamentaria o de los integrantes del Poder Judicial, o del partido gobernante», se afirma en uno de los párrafos del escrito elaborado por los abogados de la Procuración del Tesoro y presentado a través del Ministerio de Justicia que conduce Alberto Iribarne..

Además advierte que la ley no suprime la representación de los abogados sino que la « adecua al diseño querido por la voluntad general» procurando que el Consejo adquiera un funcionamiento más eficiente y eficaz que el exhibido hasta ahora.

El escrito es una extensa tesis que alecciona a la jueza que el acierto o el error, o la conveniencia de las soluciones legislativas, no son puntos sobre los que el Poder Judicial debe pronunciarse. Pues, enfatiza, que la decisión del Congreso de otorgar al gobierno una mayoría relativa « además de lógica» es una decisión política del órgano legislativo facultado para ello, que «no puede ser revisada por el Poder Judicial, ni ofrece tacha jurídicamente aceptable».

  • Transformaciones

    La defensa oficial sostuvo que se debían tener presentes algunas transformaciones, no tan recientes, fundamentales en la evolución de los sistemas políticos liberales, en especial el reconocimiento de la unidad entre el gobierno (Poder Ejecutivo) y la mayoría parlamentaria, que asumen la función de orientación política, tanto con referencia a la legislación como con referencia a la administración.

    «Frente a ese fenómeno, es esencial a la democracia la función de la oposición, que no es la de compartir el gobierno sino la de discutir, criticar y, a veces, obstaculizar las decisiones gubernamentales; sin excluir la de acordar, pero teniendo en cuenta que sólo la discusión y censura aseguran la posible alternancia en la función gobierno-mayoría. Por ello, no se puede considerar como un conjunto a los legisladores del gobierno y de la oposición. Los jueces y los abogados, en cambio, se suponencon un mismo interés profesional.» Pontifica, además, que ninguna disposición de la Constitución cuantifica, concreta o establece específicamente a cuánto debe ascender la representación de los distintos estamentos. Otro de los puntos que el Estado ataca es la representación que la ABBA se arroga para cuestionar la legalidad de la ley que reforma el consejo de jueces. Sobre este aspecto la sindica como una entidad «representativa de ciertos grupos de abogados», que no la habilita para convertirse en la protectora de la legalidad.

    Además sostiene que en el recurso de amparo la entidad no explica por qué la nueva ley va a producir un disvalor.

    «El objeto de este amparo resulta improponible por cuanto es simplemente imposible que un juez conozca desde ahora que la ley que aquí se ataca va a producir efectos disvaliosos para la República», finaliza el escrito.
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