Gobierno intentará recuperar aire con sesiones en febrero

El Senado buscará en febrero avanzar sobre ley de juicios por jurados y deberá además dar explicaciones sobre un pago de 598 millones de pesos al grupo mendocino Greco.

Se le acortan las vacaciones a los legisladores del Congreso: el 1 de febrero ingresará la convocatoria presidencial a sesiones extraordinarias para que los diputados y los senadores vuelvan al trabajo a partir de mediados de febrero. Más temprano, el primer día del mes, volverán a reunirse las comisiones.

La particularidad de las sesiones extraordinarias es que son convocadas por el Poder Ejecutivo y los temas a tratar son decididos por la Casa Rosada y no por los legisladores. Teniendo en cuenta de que se tratará de un año electoral en el que se esperan pocas sesiones, el oficialismo buscará tratar en febrero varios temas polémicos aprovechando que el electorado está distraído en vacaciones.

En la última sesión del año, los diputados debieron postergar la aprobación del proyecto del Poder Ejecutivo que establece el marco regulatorio de AySA por falta de quórum, luego de que la oposición se retirara del recinto en rechazo a la sanción de esa norma que contemplaba facultades exorbitantes para el ministro de Planificación, Julio De Vido. Aunque el oficialismo tiene número propio para aprobar cuanto proyecto de ley que se le antoje independientemente del contrapeso que debería ejercer la oposición, las ausencias de varios de sus legisladores -que anticiparon sus vacaciones-y la falta de apoyo de los kirchneristas expulsados -el santacruceño Eduardo Arnold y la santafesina María del Carmen Alarcón-del bloque o defraudados por la conducción oficialista -Miguel Bonasso-, atentaron contra la hegemonía del Frente para la Victoria.

Inclusión

Ahora el gobierno deberá esperar hasta febrero para tener la ley del marco regulatorio para la sociedad anónima estatal Aguas y Saneamiento, que incluía la formación de un fondo fiduciario, todo bajo la órbita del Ministerio de Planificación.

También se incluiría en las extraordinarias el proyecto de ley para la normalización del PAMI. La propuesta establece que el directorio, encargado de administrar el PAMI, estará integrado por 8 miembros: 4 en representación del Estado, 2 por los jubilados y 2 por los trabajadores activos, uno por la CGT y otro por la CTA, que hasta ahora no tenía representación en la conducción de la obra social. Entre otras cuestiones, los diputados podrían avanzar el año próximo con el debate en torno al proyecto que cuenta con sanción del Senado y que propone incorporar al Código Penal un artículo para reprimir el acoso sexual con prisión de entre seis meses y cinco años.

En esa situación, se encuentra además el proyecto que crea un registro de violadores que obtuvo dictamen favorable de las comisiones de Justicia y Legislación Penal de la Cámara de Diputados pero no tuvo la misma suerte en Familia y Presupuesto, donde el debate proseguirá el año próximo.

En el Senado, el temario pendiente incluye el proyecto que establece el juicio por jurados, contemplado en la Constitución de 1853 y reclamado insistentemente por Juan Carlos Blumberg aunque durante más de un siglo y medio fue ignorado por la falta de consenso sobre su utilidad para determinar la culpabilidad o inocencia de los acusados.

Renegociación

También, la Cámara alta tiene pendiente la renegociación del contrato entre el Estado nacional y el concesionario de 32 aeroestaciones del país, Aeropuertos Argentina 2000.

Pero el tema más polémico a tratar, que obligó al todopoderoso kirchnerismo a recular en diciembre, será la emisión de 1.300 millones de pesos en bonos donde está incluido un pago de 598 millones al grupo mendocino Greco en concepto de resarcimiento por la quiebra de la firma, expropiada por el Estado durante la última dictadura militar.

El radicalismo denunció a través del senador Gerardo Morales el caso en la Cámara alta al considerar que el Estado no había sido bien defendido en esos juicios, al punto que la sentencia a favor de los Greco, emitida curiosamente el 28 de diciembre de 2001, ni siquiera fue apelada en tiempo y forma por la procuración del Tesoro. El proyecto, firmado por Felisa Miceli, fue congelado y se inició un sumario interno en el Ministerio de Economía.