Gobierno pide más superpoderes al Congreso

Kirchner les comunicó ayer a los diputados y a los senadores que lo visitaron en la Casa de Gobierno que enviará al Congreso, en breve, el proyecto de prórroga de la ley que declara la Emergencia Pública y que vence el próximo 10 de diciembre. Esa ley incluye una larga lista de facultades y poderes que el Congreso le delega al gobierno y que le sirvieron a Eduardo Duhalde, por ejemplo, para dictar los decretos que reglamentaron la salida de la convertibilidad y el establecimiento de un nuevo sistema cambiario. Pero incursiona, además, en superpoderes especiales para renegociar contratos de concesión de empresas privatizadas y fijar tarifas, el punto que más le interesa al gobierno mantener vigente.

Algunos sectores del peronismo, como el propio Eduardo Duhalde, ya habían cuestionado hace días la posibilidad de votar una nueva prórroga de la Emergencia Pública, bajo el argumento formal de que la situación de «emergencia» había cesado. La misma argumentación había usado la oposición el año pasado cuando se dispuso la primera prórroga de esa norma. Pero lo cierto es que detrás de esas declaraciones está el debate dentro del PJ sobre si seguir o no cediendo facultades legislativas al gobierno, con la consiguiente pérdida de poder por parte del Congreso, lo que hoy es lo mismo que decir del duhaldismo.

Casi en simultáneo con la prórroga de la Ley de Emergencia, los diputados recibirán el proyecto de Presupuesto Nacional 2005. Y ya comenzaron a enterarse de que esa norma volvería a incluir este año un artículo similar al número 13 del Presupuesto 2004. Fue el que otorgó superpoderes al gobierno, en la figura del jefe de Gabinete, para modificar y reasignar partidas presupuestarias con total libertad, sin sujetarse a la Ley de Administración Financiera del Estado, es decir, sin controles contables.

Ese artículo fue el que permitió distribuir sin limitaciones parte del superávit fiscal extra que la Argentina tuvo durante este año y modificar gasto en obras públicas, salarios, contratos y partidas especiales sin consultar antes al Congreso. De hecho, el gobierno firmó desde enero 29 decretos que modificaron el Presupuesto 2004 convirtiéndolo en una ley sin sentido.

• Contradicción

Hace un mes, funcionarios de Economía les habían deslizado a diputados y senadores que esas desprolijidades institucionales no se volverían a cometer y que el gobierno no pediría nuevamente superpoderes al Congreso para manejar el gasto. Pero las proyecciones previstas para 2005 y la indefinición aún de partidas fundamentales como las que deberán afectarse a deuda hacen pensar que, nuevamente, el Presupuesto del año próximo se manejará, en realidad, mediante decretos. Y para eso el gobierno necesita reeditar los superpoderes.

Pero más allá de las necesidades del gobierno, diputados y senadores se niegan a seguir cediendo poderes, aunque finalmente lo hagan.

La historia de la delegación de facultades del Congreso al Ejecutivo fue siempre complicada, hecho por otra parte lógico ya que la Constitución nacional es extremadamente restrictiva en ese tipo de poderes delegados, al punto que amenaza con declarar traidores a la patria a los legisladores que lo hicieran sin la debida fundamentación.

Esto no impidió, de todas formas, que la delegación de facultades al PEN no haya sido una constante en la historia argentina, demasiado asidua para el gusto de cualquier constitucionalista.

Ese razonamiento, por ejemplo, fue utilizado por Elisa Carrió cuando Fernando de la Rúa pidió los superpoderes para Domingo Cavallo que le permitían hasta modificar impuestos por decreto, una facultad que se considera el límite máximo de cesión que puede hacer no sólo el Congreso argentino, sino el Parlamento de cualquier país civilizado. No por casualidad fue que el control de la potestad tributaria del Estado originara la creación del primer Parlamento en Inglaterra.