Gobierno presentó un amparo ante la Corte para frenar la construcción de una represa en Corrientes

Aníbal Fernández.

El Gobierno finalmente presentó una acción de amparo contra la provincia de Corrientes ante la Corte Suprema de Justicia para frenar la construcción de la represa Ayuí Grande, atribuida al vicepresidente del Grupo Clarín.

Así lo anunció en conferencia de prensa en la Casa Rosada el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, quien precisó que se trata de una "medida cautelar de no innovar ante el proyecto", hasta tanto el Estado nacional realice estudios de impacto ambiental.

Según explicó, la presentación implica "la paralización inmediata de cualquier obra que se haya iniciado" para esta represa destinada al cultivo de arroz a gran escala.

El jefe de ministros explicó que la decisión fue tomada a raíz de la "omisión" del Gobierno de Ricardo Colombi a los pedidos de información sobre el impacto de la obra y por dos principales motivos: el "daño ambiental irreversible que podría derivarse de la construcción" y "la necesidad de garantizar el cumplimiento de los deberes de la Argentina en el Estatuto del Río Uruguay".

"Se van a inundar 8 mil hectáreas de 77 mil para la siembra de arroz. Nunca aportaron la información para poder ejercer las facultades ambientales del Gobierno para velar con el cumplimiento de la ley a pesar de que fue solicitado en reiteradas oportunidades", sostuvo Fernández.

La represa lleva el nombre de Ayuí Grande y es promovida por dos emprendimientos privados: uno estaría vinculado al empresario norteamericano George Soros, y el otro a José Aranda, vicepresidente del Grupo Clarín.

Sin embargo, el jefe de Gabinete dijo que "desconocía" si las versiones sobre la presencia de directivos de Clarín en el emprendimiento era cierta y desvinculó la presentación judicial a la dura pelea que el Gobierno mantiene con el grupo multimedio.

"Si le digo que sí es por chusmerío, no porque lo conozca. Se dice que uno de los dueños sería directivo de la firma. Yo no hago conjeturas. No existe revancha. Hay una profunda preocupación ambiental desde el punto de vista internacional", indicó Fernández.

El ministro, que convocó a los periodistas mientras la presidenta Cristina Kirchner se trasladaba hacia El Calafate para pasar el fin de semana, agregó que con esta obra "la Argentina corre serio riesgo de incurrir en incumplimientos internacionales", lo que "podría derivar en la intervención de la CARU" (Comisión Administradora del Río Uruguay).

"Se pretende que se ordene cesar la actitud y que se haga entrega de toda la información correspondiente para que se analice", concluyó Fernández.

La decisión de recurrir a la Justicia había sido anticipada días atrás por el canciller Héctor Timerman, quien advirtió que el proyecto es motivo potencial de un conflicto medioambiental y "colocaría a la Argentina como violatoria del Tratado del Río Uruguay" luego del conflicto por la papelera de Botnia instalada en Fray Bentos.