Gobierno reiteró apoyo al proyecto de regulación de prepagas

El Gobierno pidió a la Cámara de Diputados que apruebe la ley de regulación de la medicina prepaga para que el Estado pueda arbitrar en un mercado con 4,5 millones de beneficiarios, después del pedido de la CGT para evitar una fuga de afiliados de las obras sociales.

El ministro de Salud, Juan Manzur, dijo, en conferencia de prensa, que el Gobierno ha decidido apoyar al proyecto, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores, porque "es correcto" y es "la herramienta que el Estado necesita para tener injerencia y corregir lo que está mal".

Dijo que con la ley, la cartera que preside también podrá investigar en profundidad cómo se realizan las transferencias de fondos desde las empresas hacia las prepagas con la intermediación de una obra social.

Manzur descartó que el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, vaya a tener alguna participación en la regulación del sector una vez que la ley sea sancionada y aseguró que las obligaciones "sólo recaerán en el Ministerio de Salud".

El ministro reclamó a los diputados de la oposición que apoyen la iniciativa para que sea aprobada "cuanto antes" con el objetivo de resguardar la vida de millones de personas, porque muchas veces las "injusticias" se terminan dirimiendo en la Justicia, "y la salud no puede esperar".

Minutos después del mensaje de Manzur, la Cámara baja aprobó por amplia mayoría debatir en la próxima sesión el proyecto regulatorio, aunque se negó a discutir sobre tablas durante la misma tarde de este miércoles.

Con los votos a favor de una amplia mayoría, que superó los dos tercios del cuerpo, los diputados aprobaron una preferencia para que en la próxima sesión se analice la iniciativa, cuente o no con despacho de comisión.

La iniciativa elaborada por la ex diputada del Frente para la Victoria y actual embajadora en México, Patricia Vaca Narvaja, fue aprobada en 2008 y modificada por el Senado en noviembre del año pasado, días antes de que perdiera estado parlamentario.

"Una vez sancionada la ley, el ministerio la hará cumplir", afirmó Manzur al hacer referencias a las "injusticias que muchas veces se producen y deben ser corregidas" para "resguardar" a quienes pagan por el servicio.

El ministro reconoció que las empresas de medicina prepaga "escogen" a sus afiliados y "muchas veces" no le otorgan cobertura a quienes cuenten con enfermedades preexistentes, o lo hacen pero no atienen enfermedades crónicas como el HIV.

Así el Gobierno salió marcar su posición en un conflicto que data de largos años, tras el fuerte reclamo del titular de la CGT, Hugo Moyano, para que haya colaboración oficial en el freno a la fuga de los afiliados hacia las prepgas.

Moyano viene ejerciendo una fuerte presión sobre la Casa Rosada para que el Gobierno salde una deuda con las Obras Sociales, que la CGT estima en los 9.000 millones de pesos pero el ministerio de Salud desestima y afirma que es al menos veces inferior.

La presión sindical creció con fuerza este año después de que el sistema de obras sociales que controla la CGT arrancara con un fuerte déficit por cuarto año consecutivo y ante el creciente traspaso de los afiliados más jóvenes y con mejores salarios hacia las prepagas.

Al menos 18 millones de personas cuentan con una obra social sindical, 4,5 millones están cubierto por una prepaga y el resto (unos 18 millones de personas) se atiende por el sistema gratuito de salud, sin ningún tipo de cobertura especial.

La pelea por los afiliados es entre la CGT, que controla unas 20 importantes obras sociales con una facturación que está por encima de los 600 millones de pesos anuales, y la red de empresas de medicina prepaga.

Con una fuerte política de captación en los últimos diez años, las empresas han logrado sumar a miles de afiliados y focalizaron sobre los más jóvenes (porque casi no producen gastos) y con mejores salarios (porque realizan más aportes).