El gobierno enfrentará esta semana en la Cámara de Diputados, la votación del proyecto más complejo que resta sancionar hasta fin de año: la prórroga de la ley de Emergencia Pública. Al kirchnerismo ya le costó justificar en el Senado la necesidad de mantener el estado en emergencia, argumentando que en realidad esa medida era necesaria para oponerla a las pretensiones de acreedores del país que aceptaron el canje -los holdouts que tienen en su poder más de u$s 20.000 millones de bonos aún en default- de insistir ante juzgados en el exterior pidiendo el embargo de bienes del país, pero impuso, como siempre, el número y aprobó el proyecto pero no resultaron convincentes sus explicaciones ni siquiera a los senadores oficialistas. De hecho, Cristina Kirchner no estuvo en el recinto a la hora de votarlo, como hizo cada año desde que se sancionó la emergencia o sus prórrogas.
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En Diputados la situación numérica será similar, pero el debate promete ser mucho más duro. Por esa razón es que se comenzó a revisar la presencia de cada uno de los diputados oficialistas. Hoy el Frente para la Victoria tiene 114 votos propios más otros 22 del bloque Peronista Federal -los ex duhaldistas kirchneristas- que mantienen su fidelidad al gobierno a toda prueba, aunque no se les permita aún llamarse oficialismo.
Con ese número conseguiría el gobierno, sin problemas la aprobación de esa delegación de facultades al Poder Ejecutivo que se inició cuando Eduardo Duhalde dispuso la salida de la convertibilidad y que año a año ha ido sumando sectores a esa emergencia. Pero como nadie garantiza asistencia perfecta, el kirchnerismo ya trabaja con gobernadores amigos para convencer voluntades. Es lo mismo que sucedió en otras ocasiones donde algún diputado radical, por ejemplo, termina retirándose del recinto o cambiando el sentido de su voto. Todo en pos de alguna nueva ruta o un hospital más en la provincia.
Fuera de esas excepciones, la oposición prometió atacar de lleno la intención del gobierno de contar con esa declaración de emergencia que le permite negociar directamente nuevos contratos de concesión con empresas de servicios públicos privatizadaso manejarse con excepcionalidad en terrenos como el sanitario, en los Planes Jefes y Jefas, en materia alimentaria, ocupacional.
Informe
El miércoles, la oposición llegará al recinto con un informe de cada una de esas áreas sobre las que se mantendrá la Emergencia Pública. El radicalismo elaboró un documento, en parte con elementos que se fueron investigando en la comisión bicameral de seguimiento de las facultades delegadas donde se afirma «La emergencia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria está superada. Desde su inicio en el segundo trimestre de 2002, se han registrado 17 trimestres consecutivos de crecimiento económico. Además, también ha sido superada la alteración del normal funcionamiento institucional».
Sólo se acepta en ese informe una situación de desigualdadque se daría entre las empresas que no han renegociado aún sus contratos con el Estado y las que ya han pasado por ese proceso que establece la ley de Emergencia y que relega al Congreso al mero rol de ratificar los acuerdos firmados por el gobierno, por votación o en forma de sanción ficta al transcurrir 60 días sin expedirse de haberle sido notificado un convenio. En realidad, la mayoría de esos acuerdos cerrados son transitorios y los definitivos están aún pendientes.
Sólo para esos casos es que parte de la oposición considera que podría analizarse una prórroga de la emergencia.
«Excepción: sólo requieren prórroga legislativa -con clara definición de plazo para su finalización- los contratos de servicios públicos concesionados, pendientes de renegociación», dice el informe de la oposición.
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