Halaga a EE.UU. proyecto contra Corte Penal mundial

Jorge Yoma

El gobierno no le dará rango constitucional al Tratado de Roma y tampoco adecuará el derecho interno a este pacto que castiga, vía la Corte Penal Internacional, los crímenes de lesa humanidad posteriores al 1 de julio de 2002.

En cierta medida, el gesto será bien visto en Washington, aunque será un efecto no deseado. La Casa Blanca reniega de este acuerdo porque permite juzgar eventuales delitos cometidos por tropas norteamericanas en el exterior. Estados Unidos suscribió la convención en la era Bill Clinton y dio marcha atrás con George W. Bush.

La Cancillería argentina tiene argumentos propios para oponerse, muy distintos de los de la administración Bush, no obstante lo cual será inevitable que la medida de apartarse del tratado caiga simpática en el Norte.

Néstor Kirchner llegó a la conclusión de que, habiéndole dado rango constitucional a la Convención sobre Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, no puede legislar en el derecho interno sobre la base de una norma que considera cerradas las violaciones anteriores al 1 de julio de 2002, razón por la cual chocaría con la idea de imprescriptibilidad que -con la anulación de la Obediencia Debida y el Punto Final-dejó abierta la chance de juzgar a los militares argentinos en el país por la represión ilegal.

Esa resolución se votó en medio de una fuerte polémica sobre si era o no constitucional la anulación de una ley.

El gobierno tomó en cuenta, a la hora de frenar la aprobación del Tratado de Roma, el consejo de los senadores del PJ, más específicamente, el riojano JorgeYoma, quien pisó el tema cuando todavía estaba en manos de su contradictor provincial, Eduardo Menem, entonces a cargo de la Comisión de Relaciones Exteriores donde se analizaba este expediente.

Antes de que terminara la temporada 2003, Yoma -que se opuso al Tratado en 2000- logró convencer a Cristina Fernández de Kirchner de que la cuestión debía salir de Relaciones Exteriores y pasar a la esfera de Asuntos Constitucionales, la dependencia que comanda la primera dama, con la excusa de que debía analizar la confrontación entre dos tratados internacionales y su eventual incorporación a la Carta Magna. Obviamente, la senadora de Santa Cruz convenció al bloque peronista, sin demasiado esfuerzo.

• Colisión

Yoma consiguió imponer su criterio de que había una colisión entre la Convención de Imprescriptibilidad y el Tratado de Roma. Pero, a fin de completar el trámite parlamentario, hoy comenzará un desfile en Asuntos Constitucionales de especialistas en Derecho Penal, encabezados por el ministro de la Corte, Eugenio Zaffaroni, quien -se suponeapuntalará el criterio oficialista.

La semana que viene ya estará listo el dictamen de comisión que prepararán Yoma y la señora de Kirchner. Allí dejarán establecidas las pautas para limitar los alcances que tendrá el Tratado de Roma en la legislación nacional.

La Corte Penal Internacional es un organismo novedoso, que funciona desde el 1 de julio de 2002 en La Haya. Su estatuto fue suscripto por 139 países, ratificado por 92 -entre ellos, la Argentina-, tiene 18 jueces y su fiscal es el argentino Luis Moreno Ocampo.

En la Argentina, el Congreso ya ratificó el acuerdo, pero el trámite no está completo. Aún faltan dos leyes que se iban a tratar ahora: una, de «implementación» del estatuto de Roma como ley del país, y otra para darle rango constitucional.

Según los legisladores, la Corte no castigará los crímenes de lesa humanidad anteriores a 2002 -es decir que no podría juzgar a los represores argentinos, si el Estado no lo hace-, lo que contradice el tratado sobre imprescriptibilidad de esos crímenes que ya forma parte de la Constitución argentina.

El Consejo de Seguridad de la ONU, liderado por los países poderosos (que además no aceptan la Corte), se queda con la llave para decidir qué tipo de crímenes pueden ser juzgados. De hecho, la Resolución 1.442 exige que el Tribunal no inicie ni prosiga investigaciones por «acciones u omisiones relacionadas con operaciones autorizadas por Naciones Unidas». Tampoco investigará los crímenes de guerra en Irak ni Afganistán. Ahora, por ejemplo, se dedica al caso de Ruanda.

Los proyectos en el Senado fueron apoyados por la sección argentina de Human Rights Watch, Amnesty Internacional, la APDH y el CELS, prestigiosos organismos de Derechos Humanos.