Ibarra declaró la ley seca en el hipódromo

Nunca pareció tan apropiado el calificativo «aguafiesta», como cuando los aficionados al turf lo aplicaron a Aníbal Ibarra en ocasión de la corrida del Gran Premio Nacional. Ocurrió el sábado pasado. Las mesas estaban tendidas con exquisiteces para embajadores, empresarios, compradores de caballos de carrera, funcionarios e invitados especiales, en el restorán del Hipódromo de Palermo. El dueño del potrillo Fredy, ganador en la reinstalación del Gran Premio, motivo de la fiesta, pidió una ronda de champagne para alzar la copa en honor al desafío.

«No servimos más alcohol», le respondieron y, claro, creyendo que se trataba de una broma, los invitados sonreían, hasta que se llenaron los vasos con agua mineral para acompañar el menú de cinco tenedores. La restricción la impuso la Justicia porteña y cayó justo en un espectáculo del que participaron 40.000 personas -un récord de los últimos años allí- y auspiciaba la Secretaría de Turismo con su secretario, Daniel Scioli, en la tribuna.

Los turfistas le adjudican a Ibarra la imposición de esa ley seca. Consideran que, como un remedo del sheriff de Chicago sobre el fin de la década del '20, el jefe de Gobierno de la Capital Federal desató una andanada de persecuciones contra ellos por el pecado de haber instalado 90 máquinas tragamonedas con permiso de Lotería Nacional. Lo ven como una movida de tablero en la guerra del juego que debaten en la Justicia, la Nación y la Ciudad de Buenos Aires para ver a quién corresponden las ganancias por las apuestas en Capital.

Así, una fiscal contravencional aplicó al hipódromo la legislación vigente para espectáculos deportivos y prohibió que en el restorán, salón de fiestas y resto de las 6 hectáreas de Palermo se sirvan bebidas alcohólicas.

Scioli sintió que la abstinencia podía ser contra él por su afán de disputarle la silla a Ibarra en las próximas elecciones.

Lo tranquilizaron las autoridades de Palermo, que le explicaron que en quince días --des-de que estuvo la concesión de las tragaperrashabían recibido 9 inspecciones diferentes, además de la visita de la fiscal porteña.

Ibarra habría encomendado la principal misión de su cruzada lúdica a Silvana Giúdice, secretaria de Control Comunal. Esta especie de Eliot Ness hizo desembarcar en el hipódromo una troupe de 17 inspectores avezados en variados temas: policía laboral, seguridad, bromatología e incendios, entre otras materias que puso bajo la lupa la funcionaria, de quien se dice actúa en «forma global» sobre un establecimiento determinado.

• Denuncias

La presunta persecución provocó las correspondientes denuncias ante el fuero federal y también el contravencional porteño por parte del hipódromo. Alegan que la actividad se desarrolla desde hace 126 años y con habilitación para restorán, que, se entiende, expende bebidas alcohólicas.

Las tragamonedas para el turf llegaron como una tabla de salvación ante la economía negativa que el sector presenta en los últimos años. Incluso en otros países complementan con esos juegos electrónicos los ingresos, que aseguran que la Argentina mantenga 84.000 puestos de trabajo, de acuerdo con un estudio ad hoc encargado hace dos años. La actividad hípica en general moviliza en el país $ 1.200 millones anuales, de los cuales 80% lo aporta el turf. El interés adicional para inversores lo representa que el país es el cuarto productor de caballos de carrera, por eso estuvieron algunos empresarios en el Gran Premio, a los que literalmente se les aguó la mesa.

Las tragamonedas están recibiendo un promedio de $ 250 por día, casi similar a lo que se juega en el casino flotante amarrado en la costa porteña, y deberían reintegrar en premios 90% del dinero apostado.

Tal vez Ibarra no sea amante de las carreras, pero con seguridad aprecia el producido de sus apuestas en 100 agencias de lotería que permiten jugar sin acercarse a la pista. De allí es la puja judicial por el control de todos los juegos de azar distribuidos en la Ciudad, un conflicto que ya llegó a la Corte.