Ibarra enredado por los controles

Aníbal Ibarra sigue con problemas en las áreas de control de la Ciudad de Buenos Aires. En apenas 24 horas fueron desalojados del gobierno dos funcionarios -Néstor Vicente y Pedro del Piero- mientras que se dio esta paradoja en la Legislatura porteña: un diputado presentó ante la Justicia un recurso de amparo contra Ibarra, por la ocupación de veredas por vendedores ambulantes, y la responsable del área, Silvana Giúdice estaba en la comisión de Presupuesto pidiendo más plata para su gestión.
Es sensible a los porteños el tema de los inspectores municipales, que siguen llamándose así a pesar del status de ciudad autónoma. Será por «viveza criolla» de inspectores e inspeccionados, que la actividad goza de mala publicidad, generalmente asociada con pedidos irregulares de dinero. No es el caso, por supuesto, de la demanda de la radical Giúdici a los legisladores por $ 1.500.000 más a sus partidas. Sin embargo la súplica provocó la irritación de más de uno en la comisión y también desde el ejecutivo que diseñó el presupuesto. Los diputados trataban de verificar el destino de los $ 63 millones asignados para 2003 para uso de la secretaria, quien tiene a su cargo todo el poder de policía de la ciudad. Ibarra no quiso confirmarlo, pero Giúdici tendría en la mira al titular del área de Habilitaciones. Ese funcionario, Martín Schmukler, había sido nombrado en su momento por el frepasista Eduardo Hecker -secretario de Desarrollo Económico- cuando el área dependía de él.

• Batucadas

Luego la oficina fue traspasada a Control Comunal, mientras que en el verano, a poco de iniciada la gestión, Schmukler se proponía inventariar con expedientes a sus súbditos. Los inspectores, con colaboración del sindicato municipal comenzaron a organizar batucadas diarias a modo de protesta que interrumpían el ingreso al edificio -en la zona de Tribunales- donde también funcionaba la ex subsecretaría de Justicia. Schmukler resistió, pero no los empleados, quienes llegaron a tapiarle la puerta del despacho sin que pudiera, claro, salir. Cuando consiguió liberarse formuló una denuncia por secuestro.

Desde la Legislatura, el radical Enríquez comunicó la presentación de un recurso contra el gobierno de la ciudad por la usurpación de veredas con la venta callejera, acusando de falta de control e incumplimiento de los deberes a su correligionaria, quien aparentemente no tendría dinero suficiente para desarrollar su tarea, según explicaba ayer.