Intervino ayer Blumberg en sesión de Diputados y pidió más rapidez

La Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados aprobó ayer propuestas para agravar penas que serán tratadas hoy. En la foto, los diputados Víctor Fayad, Hugo Franco, Carlos Ruckauf y Ricardo Falú.

Juan Carlos Blumberg supervisó ayer en persona el trámite de las leyes contra la inseguridad que hoy aprobará Diputados. El padre de Axel Blumberg participó como invitado de la reunión de la Comisión de Legislación Penal que sirvió para ultimar los dictámenes que este mediodía se discutirán en el recinto.

«Hagan propuestas concretas, en vez de hacer discursos de media hora», se plantó Blumberg. «Mi hijo hoy está muerto: tenemos que sacar las armas del medio y agravar las penas», clamó ante legisladores del oficialismo y la oposición.

Al final de la deliberación de comisión y a solas con los « movileros», volvió a tomar el micrófono y anticipó que «habrá otra marcha como la del jueves pasado, si no se aprueban las normas del petitorio que entregamos». «En una semana, no se puede solucionar todo, pero creo que estamos avanzando», se entusiasmó.

Algo molesto, no se privó de castigar a una de las legisladoras presentes, la socialista María Elena Barbagelata. «Lo único que hizo fue entorpecer», la acusó. «No puede decir que no sirve aumentar las penas, cuando hay estadísticas en el mundo que sostienen lo contrario», afirmó Blumberg.

• Anticipo

En principio, los portavoces del PJ le anticiparon que sancionarán todas las propuestas que acercó por escrito la semana pasada, excepto la que impulsa bajar a 14 años la edad de imputabilidad (en la actualidad, alcanza a 16 años). Este punto, defendido en su momento por el mandato cumplido Alberto Pierri, no prosperó en la década pasada, a pesar de la fuerte presión que hubo. «Eso debería cambiarse; hoy (por ayer) me llamaron de Chaco donde hay familias que sufrieron muertes a manos de chicos de 14 y 15 años», deslizó Blumberg.

Por supuesto, serán avaladas esta tarde las demás iniciativas tendientes a agravar penas por robo con armas y fijar como no excarcelable la portación de armas de fuego. Más adelante, se incluirá darles trabajo a los presos en labores comunitarias y obra pública, inquietud que alienta Jorge Casanovas (PJ-Buenos Aires).

En su gran mayoría, el peronismo va a terminar acompañando -tal cual se reconoció en la víspera en Legislación Penaliniciativas de Carlos Ruckauf, una de las figuras más cuestionadas, precisamente, porque no pudo combatir con éxito el delito en la provincia de Buenos Aires, y se lo señala como uno de los promotores de la caída de Fernando de la Rúa en diciembre de 2001, entre otros antecedentes.

Ruckauf apuntaló, de manera previsible, a Blumberg. «Es cierto lo que él dice, no importa el calibre del arma, porque mata tanto un 22 como una 9 milímetros», denunció. « Además, el criminal no va a ir al ReNAr», concluyó el ex gobernador bonaerense. Casanovas propuso modificar el Código de Procedimientos, tal cual se está haciendo en Buenos Aires, para prohibir la eximición de prisión para aquellas personas que porten armas y tengan antecedentes criminales, o que las suministren a menores.

«No le voy a faltar el respetoa tanto dolor -dijo Víctor Fayad en alusión a Blumberg-, legislando con improvisación», una crítica que muchos diputados se atreven a mencionar a puertas cerradas ya que no quieren aparecer cuestionando el petitorio que acompañaron 200.000 personas en su movilización del último jueves.

El radicalismo, por boca del mismo Fayad, reclamó que el gobierno de Néstor Kirchner también asuma las responsabilidades que le competen. «Los delincuentes nos tienen a la defensiva, cuando deberíamos estar a la ofensiva en este tema», apuntó el representante de la UCR Mendoza. «El gobierno, que cuenta con uno de los mayores sustentos populares de la historia, no se atreve a que su ministro de Justicia, Gustavo Béliz, explique en qué consiste la política de seguridad de la Nación», pataleó Fayad, sin encontrar respuesta de la bancada oficialista.

El y sus correligionarios exigieron ayer que no sólo Béliz asista al Congreso a brindar información, sino que extendieron la demanda a Aníbal Fernández. Los radicales le pidieron a Eduardo Camaño que convoque al ministro del Interior y de Justicia para que cuenten cuáles son los proyectos que impulsará el Ejecutivo en materia de lucha contra la delincuencia. Con bastante lógica, pretenden saber «acerca de las políticas criminales y del plan nacional que en materia de seguridad está elaborando el gobierno como respuesta frente a la grave situación de alarma de la población».

Casi utópicos, los legisladores de la UCR subrayaron la necesidad de tener la presencia de los funcionarios «con carácter previo al debate que tendrá lugar en el día de mañana (por hoy) sobre los proyectos referidos a la legislación penal y la seguridad». El temor es que se esté legislando para el día y el gobierno tenga otros planes para el corto plazo. Ricardo Falú, en nombre del peronismo, se comprometió a hacer gestiones ante el PEN.

En la carta presentada ante el titular de la Cámara baja, insistieron en su «decisión de cooperación para generar un debate» en torno a la crítica situaciónque se vive, sobre todo, en el conurbano bonaerense en materia de seguridad.

Existe interés, asimismo, en que la administración central especifique qué se va a hacer para darles mayor seguridad a los DNI. Desde el justicialismo comentaron que hay una comisión con representantes de la cartera de Interior, Economía y el Registro Nacional de las Personas trabajando en la materia, aunque no analizan ningún plan integral, sino que estudian los pasos a seguir con la base de datos que dejó remanente el contrato cancelado con Siemmens.