Investigan a "Clarín"

Varios legisladores, ya cansados, han iniciado una contra al monopolio «Clarín»: decidieron seguir adelante con las investigaciones referidas a irregularidades financieras en Papel Prensa. Viene al caso recordar las circunstancias en las que el monopolio, en sociedad con «La Nación», se hizo con el control mayoritario de esa compañía. Esta empresa, hoy repartida entre los dos grupos mencionados y con una participación de 25% de las acciones por parte del Estado (o sea todos los contribuyentes), fue formada por el gobierno,en tiempos del Proceso del general Jorge Videla,y adjudicada en forma directa a «Clarín» y sus socios, uno de los cuales era el diario «La Razón», cuyos activos después de la convocatoria de acreedores, mediante maniobras fraudulentas que incluso le costaron al juez de esa causa pedidos de juicio político, pasaron a manos del monopolio. Hasta hay legisladores que dicen que si la Justicia comercial se hubiese comportado con Multicanal -la operadora de cable del monopolio-como se comportó en su momentocon «La Razón», el cable hubiera ido a la quiebra,que correspondía técnicamente. Es obvio que tras irregularidades financieras, que se suman a la deslealtad comercial para con los otros medios que utilizan papel para diarios, que convirtieron a Papel Prensa en un condicionante al restante periodismo independiente, una investigación legislativa era necesaria. Sobre el tema escribió en el último ejemplar de « EDICIONi» su director, Edgar Mainhard, del que a continuación se extraen algunos párrafos.

A muchos legisladores no les resultó «aceptable» una anécdota que se distribuyó hace algunas semanas en el Legislativo: horas antes de la votación en el Consejo de la Magistratura para definir la suerte del hoy ex juez Roberto Marquevich, un ejecutivo del «holding» visitó a Alberto Fernández, jefe de Gabinete de Ministros, para intimarlo acerca de la necesaria destitución del magistrado que había osado detener a Ernestina Herrera de Noble, presidenta de grupo «Clarín».

Al parecer, mencionó la necesidad de evitar la difusión de cierta información que supuestamente afectaría a algunos legisladores oficialistas. «No podemos aceptar semejante extorsión», bramaron algunos parlamentarios. Luego, la acción provoca reacción.

Entonces varios legisladores han comenzado a promover la creación de una Comisión Investigadora que afectará, inevitablemente, al grupo «Clarín». El tema inicial sería Papel Prensa SA.

«No se trata de afectar la libertad de expresión sino de resguardar los intereses de todos los argentinos. El Estado nacional -o sea todos los contribuyentes del país-son accionistas de 25% de la empresa Papel Prensa, y es necesario investigar qué ocurre con el dinero de todos cuando hay sospechas de graves irregularidades financieras», explicó uno de los senadores nacionales que promueve la creación de la Comisión Investigadora.

Para algunos contadores públicos nacionales que han consultado los legisladores, y quienes llegaron al hotel donde se reunieron con las fotocopias de las comunicaciones de Papel Prensa a la Comisión Nacional de Valores y a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, los dos accionistas privados que son socios del Estado nacional en la empresa -AGEA/grupo «Clarín», y SA La Nación-utilizan a Papel Prensa para autofinanciar su consumo del insumo más importante en el proceso de producción de diarios: el papel.

«Así, el Estado nacional utilizasu capacidad financiera y su influencia política para favorecer a algunas empresas en desmedro de sus competidores; luego, ha avalado una descapitalización de un activo que le pertenece,en parte; y ha permitido una sugestiva refinanciación de pasivos a favor de los otros accionistas, sin que haya algún beneficio para los contribuyentes y provocando una injusta deslealtad para los otros consumidores de papel para diarios», es una de las conclusiones.

En verdad, nunca nadie investigó la empresa Papel Prensa, que ha gozado de protecciones, exenciones y otros beneficios del Estado nacional y del Estado bonaerense durante décadas.

• Desgastes

En el presente, lo concreto es que la reestructuración de pasivos aprobada por el directorio de Papel Prensa, con la participación de los representantes del propio Estado nacional, afecta toda la legislación sobre sociedades anónimas, sobre Defensa de la Competencia y sobre utilización de los recursos financieros del Fisco.

Néstor Kirchner conoce qué es lo que está ocurriendo hoy día en la puja entre intereses comerciales en los medios de comunicación. Tiene información que le han preparado, por separado, José Francisco Larcher, Alberto Fernández y Julio De Vido.

Dos de ellos le han advertido que las políticas de concesión de favores a grupo «Clarín» para que cesaran las denuncias -con frecuencia, falsas o interesadas- les provocaron desgastes irreparables al gobierno cívico-militar, a Raúl Alfonsín, a Carlos Menem, a Fernando de la Rúa y a Adolfo Rodríguez Saá.

«Sólo Eduardo Duhalde logró una buena convivencia con Magnetto, que pagaron millones de argentinos.»

Ellos recordaron que, además, para rescatar al multimedios de sus cenizas, Duhalde debió conceder una Ley de Quiebras que el Fondo Monetario Internacional le obligó a vetar, y entonces una Ley de Patrimonio Cultural que lograra, específicamente, lo que la anterior Ley de Quiebras no pudo: limitar o suspender los derechos del acreedor para impedir que pudieran ejecutar a Multicanal y otras compañías de grupo «Clarín».

«AGEA/'Clarín' es uno de los grupos empresarios que se oponen a normalizar la relación con el Fondo Monetario Internacional porque una de las reformas estructurales que exigirá el FMI, más temprano que tarde, es la reformulación de la Ley de Patrimonio Cultural», es una de las conclusiones a que arribaron varios empresarios consultados por colaboradores de Kirchner, quien mantiene otras diferencias con el FMI, pero, más allá de los gestos, no se encuentra dispuesto a interrumpir la relación con el organismo financiero multilateral.

En estos días se ha iniciado un difícil debate acerca de periodismo y poder, el negocio de los medios y el deber de la prensa, que se ha potenciado con la disolución de la Asociación Periodistas, que resultó un «grupo de presión» de grupo «Clarín» contra el gobierno de Menem y, luego, de Fernando de la Rúa.

Semejantes limitaciones afectan el valor más importante de la comunicación social: la credibilidad de los consumidores de medios en el valor de la información que se les suministra.

El peligro de una manipulación estatal de los medios es tan preocupante como el peligro de una manipulación privada de los medios. Y a la manipulación sólo se la evita con la limitación del monopolio y la eliminación de la censura.