Hace meses que Aníbal Ibarra intentaba desplazar al titular de la Comisión Municipal de la Vivienda (CMV) de la Ciudad. El pase de Eduardo Jozami del Frepaso al ARI demoró la decisión, fundada en que el jefe porteño no estaba conforme con la gestión del funcionario. Por un lado, Ibarra insistía en la erradicación de las villas de emergencia de la Capital Federal, y por otro, Jozami desplegaba obras en ellas, como una mane-ra de afianzarlas.
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En el medio se entrometió la defensora del Pueblo, Alicia Oliveira, con denuncias contra la CMV a las que se habría sumado Cáritas, un sector con el que Ibarra prefiere estar en buenas relaciones. Además, desde la Legislatura, se investigaban los cerca de 80 contratados por cerca de $ 100 mil mensuales que declaraba Jozami, con la sospecha de que ese reparto había ido para las organizaciones de los propios villeros.
El viernes Ibarra le pidió la renuncia, para ubicar en su lugar a Carlos Grinberg, el ex director del Mercado Central, quien dejó el puesto junto con el plantel de funcionarios que comandaban ese ente tripartido tras un escándalo entre operadores y changarines. Grin-berg, un hombre de Ariel Schifrin -secretario de Descentralización de la Ciudad-, pero fundamentalmente ex compañero del Nacional de Buenos Aires de Aníbal Ibarra, trabajó también con Pablo Rojo en el Banco Hipotecario.
Precisamente ayer, tras la irrupción violenta de los activistas de las villas en el Gobierno porteño, los caciques de ese grupo sostuvieron que habían llegado a esa intromisión por «desentendidos» y «pícaros». Parece ser que Schifrin pidió a Jozami, por teléfono, que frenara la organización de la protesta en su defensa, y eso terminó irritando más a uno de sus enemigos como Jozami, quien además de haber competido en internas partidarias contra Ibarra, ahora es defen-dido por el ARI de Elisa Carrió para que permanezca en el cargo.
• Ofrecimiento
El jefe de Gobierno le ofreció a cambio que ocupara una dirección en AUSA -el ente estatal que administra las auto-pistas-, pero se negó. Hoy Ibarra prometió que definiría qué hará con el piquetero Jozami, mientras que aseguró a los villeros que mantendrá la misma política de vivienda que hasta ahora.
Según la defensora Oliveira, ya se presentaron 121 oficios con quejas contra la CMV, referidas por caso a «irregularidades en las adjudicaciones de inmuebles» y falta de resolución sobre las casas usurpadas que fueron expropiadas para la construcción de la Autopista 3, que no se realizó. Ibarra definirá hoy si sede ante el piquete y las amenazas de los activistas de armarle una carpa en la puerta de su casa en defensa del funcionario.
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