Jueces preocupados por espionaje, apuntalan a Canicoba para que avance

Mensaje de respaldo al juez y "pronto esclarecimiento" acerca de si una "organización paraestatal" los espío.

queja. Marcelo Gallo Tagle firmó el comunicado de la Asociación de Magistrados.

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) que preside Marcelo Gallo Tagle levantó el guante respecto del escándalo suscitado por el presunto espionaje de datos migratorios de una veintena de jueces y exigió su esclarecimiento. A través de un comunicado, expresó su “profunda preocupación” respecto de operaciones de espionaje ilegal de la cual habrían resultado víctimas distintos jueces, especialmente en Comodoro Py y en la Corte Suprema. Pidió investigar a fondo si en esas maniobras está involucrado un organismo público, alguna organización paraestatal o empleados infieles. Tácitamente, su pronunciamiento inmediato ante la difusión de una causa judicial que tiene como protagonista al juez federal Rodolfo Canicoba Corral significó una presión para que el expediente avance. Dependencias oficiales como la Dirección Nacional de Migraciones o la Unidad de Información Financiera (UIF) que conduce Mariano Federici salieron al cruce de las versiones pero no lograron aplacar el malestar en tribunales, tal como detalló Ámbito Financiero el viernes pasado.

La entidad que nuclea al gran parte de los jueces de todo el país advirtió que en caso de verificarse esas maniobras ilícitas de “marcada gravedad institucional” se impone determinar “quien y por qué las motorizaron tanto como si han sido diagramadas por particulares, funcionarios infieles aislados, una organización paraestatal o lo sería más grave aún, una institución pública que decididamente se haya volcado a esa faena ilícita con algún grado de sistematicidad”. Esa última enumeración implicó que los magistrados dieran crédito a la investigación en manos de Canicoba Corral.

“Ese tipo de conductas violan gravemente el derecho a la intimidad del que también son titulares los jueces, a la par que quebrantan el estado de derecho que debe imperar en una sociedad civilizada”, indicó el comunicado. Y agregó: “Esta Asociación se solidariza con los magistrados que habrían sido víctimas de esos ataques y seguirá con atención el curso de la investigación llevada adelante por el juez y fiscal, a quienes deseamos éxito en esa importante tarea, en procura del pronto esclarecimiento de esta perturbadora situación”.

Los “objetivos” que investiga la justicia como víctimas del espionaje son: el juez de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda; la camarista de Casación Ana María Figueroa (que tuvo a su cargo causas como Hotesur y Oil Combustibles); el presidente de la Cámara Federal Martín Irurzun, sobre quien se difundió una reunión con el operador Fabián “Pepín” Rodríguez Simón; el camarista federal Mariano Llorens, el único integrante de ese tribunal que llegó por concurso durante la gestión Cambiemos; el propio juez Rodolfo Canicoba Corral (esto lo investigará su par María Servini); la recién nombrada jueza federal María Eugenia Capuchetti (que recientemente resolvió el sobreseimiento de Cristóbal López y Fabián De Sousa ante el inexistente delito de la venta del Grupo Indalo denunciada por Julián Ercolini); Sebastián Casanello, a quien el Gobierno presionó para que procese a Cristina de Kirchner en el marco de la causa de lavado de dinero de Lázaro Báez; Daniel Rafecas, un magistrado al que el Gobierno siempre tuvo en la mira desde la desestimación de la denuncia del fiscal Alberto Nisman; Luis Rodríguez, el magistrado apuntado por Carlos Stornelli en el marco de la causa “cuadernos”; la propia María Servini; el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky, a cargo del expediente por la “Mafia de los Contenedores entre otras investigaciones sobre la Aduana; su par Javier López Biscayart, quien tuvo a su cargo expedientes contra Báez; su colega Pablo Yadarola, protagonista de varios expedientes donde se investigó narcotráfico; Claudio Gutiérrez de la Cárcova, integrante de los Tribunales Orales de ese fuero; y las juezas María Gabriela López Iñiguez, y Sabrina Namer, en cuyo tribunal oral se dispusieron las liberaciones de los imputados con prisión preventiva por el Memorándum con Irán. Por otra parte, integran la nómina de consultas a Migraciones desde distintas dependencias los jueces Ángel Gabriel Nardiello, Sergio Paduczak, Javier Ríos, José Martínez Sobrino y Nicolás Toselli. Todos ellos integran tribunales orales que tienen o tendrán a su cargo causas respecto a Cristina de Kirchner y su entorno vinculadas a Hotesur, Los Sauces o a empresarios que el Gobierno apuntó.

Como informó este diario, el temor principal entre los jueces es que estuviese en marcha el primer paso del manual del “carpetazo” consistente en averiguar viajes sobre los magistrados que pudiesen no haber sido autorizados en el marco de las licencias ordinarias (lo que podría acarrear una sanción disciplinaria de trascender) o bien cuyos destinos o frecuencia implicaran algún tipo de descalce respecto a sus ingresos declarados. Se desconoce hasta el momento los motivos que generaron las consultas y el Ejecutivo ha dado, a través de sus distintas dependencias investigadas, respuestas atropelladas que no han satisfecho la inquietud judicial.