La reforma a la Ley de Administración Financiera, mejor conocida bajo el nombre de superpoderes, no comenzó a tratarse este miércoles como preveía la oposición en el Senado, luego de que la comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el kirchnerista Eric Calcagno, no convocara a la reunión.
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Según confirmaron fuentes de los bloques opositores a ámbito.com, el martes, a pedido del titular de la bancada de la UCR Gerardo Morales se había convocado la reunión. La solicitud fue apoyada por los radicales Ernesto Sanz y Laura Montero, el justicialista pampeano Carlos Verna y la cívica María Eugenia Estenssoro.
Lo que ocurrió fue que el secretario de la comisión no realizó el llamado formal a la reunión pese al pedido de los opositores. Fuente legislativas confirmaron a este medio que no había programada para este miércoles una sesión del cuerpo.
Ahora, los anti-kirchneristas impulsarán que se convoque a un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda; Legislación General; y Asuntos Constitucionales para el 2 de noviembre. Además, no descartan buscar sanciones contra las autoridades del cuerpo legislativo.
La iniciativa que se pretendía tratar lleva la firma de los senadores Gerardo Morales y Juan Carlos Romero.
Contempla, entre otros aspectos la modificación del artículo 37 de la 24.156, de manera de volver a la redacción original de la norma y dejar de lado las facultades que se otorgaron en su momento al Poder Ejecutivo para efectuar modificaciones a la ley de presupuesto.
El proyecto modifica la Ley de Administración Financiera y fue aprobado por amplia mayoría en la Cámara de Diputados en la sesión del 23 de junio pasado.
El proyecto de reforma del artículo 37 sostiene que "la reglamentación establecerá los alcances y mecanismos para efectuar las modificaciones a la ley de presupuesto general que resulten necesarias durante su ejecución" y que "quedarán reservadas al Congreso Nacional las decisiones que afecten el monto total del presupuesto y el monto del endeudamiento previsto".
Para el Congreso también quedarán reservados "los cambios que impliquen incrementar los gastos corrientes en detrimento de los gastos de capital o de las aplicaciones financieras, y los que impliquen un cambio en la distribución de las finalidades".
Además, el proyecto restablece el artículo 15 de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que fija que el Poder Ejecutivo y los gobiernos provinciales sólo podrán aprobar mayores gastos siempre que estuviera asegurado un financiamiento destinado a su atención; y prohíbe incrementar los gastos corrientes en detrimento de los gastos de capital o de las aplicaciones financieras, entre otros aspectos.
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