Juicio a la Corte: mala idea que quedó en nada

La idea de un juicio político a la Corte Suprema ha sido en los últimos 10 años la herramienta preferida de la oposición antimenemista. Una serie de impericias convirtió esa bandera en el escándalo de tener a un poder del estado en vilo durante un año. Cuando Eduardo Duhalde se hizo cargo del gobierno, comenzó una suerte de revisión general de todas las decisiones que había tomado la administración de Fernando de la Rúa y, sobre todo, la de Carlos Menem. Tarifas, marcos regulatorios y concesiones se pusieron encima de la mesa. Con las consignas de manifestantes que pedían la destitución de la Corte, apoyadas desde algunos medios periodísticos, quedó cerrado el esquema para que Duhalde contara por primera vez con el plafón suficiente para enjuiciar a la Corte.

El presidente designado creyó que bastaba con 90% de aval parlamentario que se atribuía a partir de su designación como reemplazante del renunciante Adolfo Rodríguez Saá en la Casa de Gobierno.

Como si esa legitimidad fuera más importante que la que dan las urnas, el 2 de febrero denunció por «extorsión» a la Corte, después de que ésta declarara la inconstitucionalidad del «corralito», en el conocido caso Smith. Allí se abrió el frente de batalla con el máximo tribunal. Antes de ese fallo, el Presidente tenía previsto un discurso al país pidiendo «un paso al costado» de la Corte. Este se enteró y actuó con anticipación.

Mientras desde el oficialismo se prodigaban en primeras declaraciones hostiles contra la Corte Suprema, una tarde, en los últimos días de febrero, se reunió en Diputados la Comisión de Labor Parlamentaria para organizar la agenda de la próxima sesión. Ese día Elisa Carrió pidió que se convocara a una sesión especial para debatir la apertura del juicio político a la Corte Suprema. Eduardo Camaño, apurado por el pedido y con el guiño de Duhalde para seguir adelante, cambió la moción y propuso constituir inmediatamente la Comisión de Juicio Político para comenzar el análisis de un posible enjuiciamiento. Ese día comenzó de manera formal el proceso que anoche quería cerrar el peronismo en una interminable sesión en la Cámara baja.

Mientras tanto, en la calle continuaban las marchas y escraches que incluían en sus consignas el pedido de decapitación a los nueve miembros del tribunal.

Una vez constituida la Comisión de Juicio Político, el PJ intentó controlar el proceso. La presidencia de ese cuerpo ya le había sido confiada meses antes a Sergio Acevedo, un santacruceño absolutamente fiel a Néstor Kirchner. La designación se produjo durante la presidencia de De la Rúa, ya que ese cargo normalmente le corresponde a la oposición.

Acevedo, en ese momento, se mantenía fiel a la conducción del bloque. Es entonces cuando la bancada PJ le ordenó al tucumano Ricardo Falú y al ex cavallista Guillermo Johnson que se hicieran cargo de la investigación, pero teniendo en cuenta como estrategia que sólo debían acusar a los 9 jueces por las causas relacionadas con el «corralito», en especial el fallo en el caso Kipper-Smith. José María Díaz Bancalari, una suerte de representante de Duhalde en el bloque PJ, se hizo cargo de impulsar el juicio desde lo político. Por esos días, de los 117 diputados con que contaba el PJ, más de 80 estaban a favor de ajusticiar a la Corte. Sólo el menemismo se mantuvo en la posición contraria, hasta el punto que la bancada estuvo en varias ocasiones a punto de romperse.

•Cambios

Pero las posiciones fueron cambiando a medida que aparecieron las consecuencias -paradójicamente-no queridas por el Ejecutivo en la puja de poder con la Corte. Cuando comenzaron los fallos adversos, tanto en las instancias inferiores como en la cabeza del Poder Judicial, a todas las medidas económicas, como el «corralito» financiero, la reprogramación de depósitos y la pesificación, el peronismo intentó por primera vez dar marcha atrás con el juicio que él mismo había iniciado.

Pero otro hecho marcó la crisis interna de la bancada justicialista y dificultó el manejo del proceso de enjuiciamiento. Mientras Acevedo y Falú se mantuvieron firmes, en el bloque PJ no hubo problemas, pero lentamente Carrió comenzó a ejercer su influencia sobre el resto de los integrantes de la Comisión de Juicio Político. Pocos días después, la jefa del ARI ya tenía como aliados a todos los diputados del conocido como Grupo Talcahuano -encabezados por Acevedo y Falú- y éstos quedaron fuera de control de Humberto Roggero.

Este cambio fue posible gracias a otra definición política más importante: Kirchner, referente de Acevedo, le sacó el apoyo a Duhalde y la Comisión de Juicio Político quedó, definitivamente, separada de la política oficialista. Fueron famosas en esa época las reuniones en el departamento porteño de Carrió, en Paraná y Santa Fe, donde suelen concurrir Cristina Fernández de Kirchner -esposa del gobernador de Santa Cruz-, Falú, Acevedo, Gerardo Conte Grand y el resto de los peronistas disidentes.

Carrió volvió a tomar el juicio político como una bandera desde principios de este año (ya lo había hecho durante la década menemista). Es más, hace pocos días declaró que seguiría adelante hasta destituir a esta Corte «aunque me cueste la vida». Más allá de los cuestionamientos jurídicos o el comportamiento de los miembros del tribunal, Carrió hizo de todo este proceso una bandera de su pelea contra Menem, hasta el punto que muchos de sus argumentos contra los jueces se confunden con las imputaciones que siempre le hizo al ex presidente.