Abogados y el padre "Paco" Oliveira se sumaron al pedido de juicio político a Conte Grand

Para los letrados, el procurador Julio Conte Grand fue parte de una "tenebrosa política de espionaje" para encarcelar opositores y personas vinculadas a Cristina Kirchner. El pedido también fue firmado por el padre Francisco "Paco" Olveira, referente del Grupo de Curas en Opción por los Pobres.

sin ribs. Julio Conte Grand y Mauricio Macri compartieron un almuerzo frugal y alejado de las especialidades del restaurant al que asistieron.
sin ribs. Julio Conte Grand y Mauricio Macri compartieron un almuerzo frugal y alejado de las especialidades del restaurant al que asistieron.

Para los letrados, Conte Grand fue parte de una “tenebrosa política de espionaje” para encarcelar opositores y personas vinculadas a Cristina Kirchner. El pedido también fue firmado por el padre Francisco "Paco" Olveira, referente del Grupo de Curas en Opción por los Pobres.

Un grupo de abogados, algunos querellantes en causas de maniobras de espionaje ilegal que habrían sido cometidas por el macrismo se sumaron al pedido de juicio político realizado por legisladores bonaerenses del Frente de Todos contra el Procurador Julio Conte Grand por su presunta participación en una mesa judicial para perseguir y armar causas judiciales contra sindicalistas.

“Tenemos conciencia que los motivos que impulsan la acción dirigida contra el Procurador provincial, son, haber sido parte, de una tenebrosa política de espionaje impulsada desde las más altas esferas del anterior gobierno y que fue desplegada con el más innoble de los propósitos cual fue el de espiar, pre armar causas judiciales estigmatizar mediáticamente y encarcelar a opositores o personas vinculados al gobierno presidido por la Dra. Cristina Fernández de Kirchner”, dice la presentación de los abogados que firman el pedido.

Entre los abogados que reclamaron el juicio político están Daniel Llermanos, Adrián Albor, Rafael Resnick Brenner, Jorge Chueco, Daniel Trava, Héctor Rodriguez, Carlos Roble, José Luis Salvatierra, María Cecilia Fernández y el padre Francisco "Paco" Olveira, cura en Opción por los Pobres.

“Entendemos, que el silencio, es el único cómplice de la mentira, de la falsedad, de la persecución y de las ideas y acciones totalitarias, que en el pasado han traído tanto dolor a nuestro país. Es por ello, que resulta necesario, promover todas las acciones posibles, contra aquellos, que solapadamente y ejerciendo un abuso de su cargo, han sumido al Poder Judicial y a la política, en el descrédito en el que hoy se encuentran”, advirtieron los impulsores del pedido contra Conte Grand.

El inciso 2 del art. 73 de la Constitución bonaerense establece que es competencia de la Cámara de Diputados acusar ante el Senado a distintos funcionarios provinciales por delitos en el desempeño de sus funciones o falta de cumplimiento de los deberes a su cargo.

La vicepresidenta del bloque del Frente de Todos, Susana González, detalló que la nota con el pedido de juicio político "será sometida a sesión extraordinaria, con las 2/3 partes se podrá hacer prosperar la denuncia, o no, y si prospera se debe designar una comisión integrada por 5 miembros que deberán verificar la documentación que se aporte y requiera para poder formalizar la acusación ante el Senado y que el Senado haga su juicio de mérito al juicio político al Procurador y decida el apartamiento preventivo".

En el texto, firmado por los 43 legisladores del oficialismo, se destacan tres elementos tenidos en cuenta para el pedido: "La pertenencia partidaria del Procurador General a la fuerza opositora Juntos y su subordinación funcional a los líderes de ese espacio político, expresadas en la foto tomada a Julio Conte Grand almorzando junto al ex Presidente Mauricio Macri el pasado 9 de diciembre; la manifiesta persecución judicial montada desde estructuras del Ministerio Público del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, sostenida e impulsada desde el orden nacional con instalaciones en territorio bonaerense y producción de inteligencia ilegal; y la efectiva instrumentalización del Ministerio Público bonaerense para llevar adelante un plan de persecución judicial a gremialistas que dejó en evidencia el video que tomó estado público el pasado 27 de diciembre".

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