Contraataque de verano de Juntos por el Cambio al intento de reforma judicial

Fundaciones que responden al PRO, la UCR y la Coalición Cívica criticaron los objetivos kirchneristas "en medio de una emergencia económica, sanitaria y social sin precedentes".

En medio de las negociaciones iniciales del kirchnerismo para forzar la sanción de las leyes de reforma judicial y del Ministerio Público Fiscal durante el período de sesiones extraordinarias ya activo en el Congreso, las fundaciones Alem (Unión Cívica Radical), Pensar (PRO) y Hannah Arendt (Coalición Cívica ARI), blindaje institucional de Juntos por el Cambio, dio a conocer un informe repleto de críticas como contraataque de verano, en el que se destacaron “atropellos” durante el primer año de gestión de Frente de Todos.

Según el informe, “el Gobierno decidió otorgar absoluta prioridad en su agenda a reformas de la Justicia” pese a “una emergencia económica, sanitaria y social sin precedentes”. Pero además realizó una cronología de los pasos que se dieron en los últimos meses para lograr dicho objetivo.

Por caso, se mencionó la derogación de “la Agencia Nacional de Protección a Testigos e Imputados”; el empuje “a la intervención federal a la Justicia de Jujuy; la incitación “a la liberación masiva de personas detenidas”; la modificación de “la ley de jubilación de magistrados, lo que provocó la renuncia de decenas de jueces”; y las acusaciones de “lawfare” contra funcionarios kirchneristas.

También se recordaron las renuncias de “la Oficina Anticorrupción a las querellas que tenía en diversas causas de corrupción”; “el proyecto de reforma judicial del fuero penal federal de la Capital y de las provincias”, que “obstaculiza la implementación del sistema acusatorio (de funcionamiento exitoso en Salta y Jujuy)” y que además “carece de toda base empírica, tiene un costo altísimo e irrazonable, y resulta inconstitucional al contrariar la doctrina de la Corte Suprema respecto de los jueces subrogantes”.

Las fundaciones tampoco olvidaron el “Consejo Consultivo” creado por el Gobierno “para realizar propuestas de cambios a la Justicia”, que apunta “a la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura de la Nación, el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa de la Nación, los juicios por jurados y la transferencia de competencias en materia penal no federal a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Para Juntos por el Cambio, “la principal consecuencia del conjunto de medidas que adoptó el oficialismo en el ámbito judicial fue el debilitamiento de las instituciones y la división de poderes, establecida en la forma de gobierno republicana de la Argentina”.

Como ejemplo, resaltaron que “las propuestas de reforma no son las que necesitan los ciudadanos que acuden a los tribunales” ya que los “proyectos no buscan ampliar el acceso a la Justicia, mejorar el funcionamiento de los tribunales para reducir los plazos, ni transparentar la administración de justicia”.

Como corolario, las fundaciones que responden al macrismo dejaron claro que “la agenda judicial del Gobierno procura designar personas en lugares clave, modificar las mayorías y la participación del Poder Ejecutivo en los distintos organismos que integran el Poder Judicial de la Nación, para poder incidir de manera directa en la selección y remoción de magistrados”.

Con el cronograma electoral que se acerca cada vez más, el Frente de Todos deberá realizar acuerdos con aliados habituales que aún no están dispuestos a aportar los votos para la reforma judicial y la modificación del Ministerio Público Fiscal. Ambas iniciativas ya cuentan con aprobación del Senado, donde el cristinismo tiene mayoría absoluta, pero no los dos tercios que le permitirían avanzar con cuestiones sensibles. Distinta es la situación en Diputados, donde el kirchnerismo es la primera minoría.

Bajo este panorama, y pese a los pedidos desde sectores ultra K, las leyes podrían seguir frenadas. El presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, confirmó días atrás que los diputados volverán al recinto el 20 de enero, con el fin de sancionar la prórroga de la Ley de Biocombustibles, que vence en mayo de 2021. La iniciativa no se encuentra en el temario que envió el Ejecutivo para las sesiones extraordinarias, aunque dicha situación se saldaría en los próximos días. Además, Diputados deberá acordar un nuevo protocolo de trabajo mixto-virtual.