Kirchner recupera lo que Menem entregó a Alfonsín

Política

No sólo la oposición al gobierno nacional acusa a Néstor Kirchner de querer politizar los mecanismos para la designación y remoción de los magistrados. Sectores que no podrían ser confundidos con esa oposición, como el Centro de Estudios Legales y Sociales, que regentea Horacio Verbitsky, y Human Rights Watch, una ONG internacional de orientación «garantista», también le han dirigido el mismo reproche. Basta con repasar el diario de sesiones del Senado del 22 de diciembre pasado, cuando se sancionó el proyecto de reforma, o las versiones taquigráficas de las reuniones previas de la Comisión de Asuntos Constitucionales de esa Cámara, para advertir que el oficialismo interpreta esas censuras casi como un elogio.

Los partidos opositores o esas entidades de bien público acaso no advirtieron que, desde que llegó al poder, Kirchner está tratando de recuperar lo que Carlos Menem le regaló a Raúl Alfonsín en la casa de Dante Caputo en 1993, a cambio de conseguir la reelección. En esa saga se inscribe la actual operación del Consejo de la Magistratura, que resulta repudiable para los amigos bien pensantes del Presidente.

En efecto, con el actual gobierno el radicalismo perdió el cupo que, tácitamente, se le había concedido en la Corte Suprema. Se alejaron de allí Gustavo Bossert y Augusto Belluscio y entraron jueces que tienen una independencia más indudable respecto de la oposición que del gobierno. La elección directa del intendente quedó neutralizada por la «transversalidad», que convirtió a Aníbal Ibarra en alfil de un gobierno que le era ajeno. El senador por la minoría está a punto de convertirse en una farsa, con peronismos que se disgregan en las elecciones para reencontrarse en las cámaras, tal como se está verificando con la votación de esta misma ley sobre la Magistratura en Diputados. El jefe de Gabinete, concebido originalmente como un primer ministro, quedó convertido en una especie de secretario privado de lujo.

Basta leer el diario de sesiones del Senado para advertir cómo esta tendencia se extiende también de manera deliberada al nuevo formato del Consejo. En efecto, Cristina Fernández de Kirchner fue enfática al vanagloriarse de que su proyecto pretende la politización de esa institución: «En el tema de la administración de Justicia, tienen mucho más peso específico y muchos más intereses que representar y que defender jueces y abogados que legisladores (...). Yo estoy sentada aquí en nombre de más de 3 millones de bonaerenses y quien ocupa el Poder Ejecutivo -éste o cualquier otro- es un ciudadano que se somete a la totalidad del voto del pueblo argentino para ocupar ese lugar del Poder Ejecutivo comprometiéndose, además, a representar los intereses de todos los ciudadanos».

Pero conviene poner la mira en otro protagonista de esta reforma, más discreto pero más decisivo. Es bastante evidente en la discusión que se desarrolló en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta que el autor del proyecto que se tratará esta semana en Diputados fue el actual embajador en México, Jorge Yoma. No sólo la primera dama le cedió la palabra a él cada vez que el oficialismo entró en emergencia para sostener su iniciativa ante los senadores de la oposición. Además, hay una anécdota casi graciosa que prueba el copyright del riojano. El texto original fue redactado en un papel con un membrete que reza: «Poder Judicial de la Nación». Se utilizó la papelería del propio Consejo de la Magistratura, donde Yoma ocupaba una banca. Tanto que cuando el articulado fue remitido al resto de los senadores, la principal asesora de Cristina Kirchner, Valeria Loira, debió disculparse ya que «por un error involuntario se remitió el proyecto con errores de configuración».

Este protagonismo de Yoma hace más valiosa la explicación que él mismo proporcionó a sus colegas en Asuntos Constitucionales, cuando rememoró que el Consejo de la Magistratura que se sancionó en 1998 (cuando él presidía la misma comisión) fue hijo de la « consensitis». El riojano confesó, inesperadamente, que en aquel momento «a cada uno que pasaba por la puerta y pedía ser escuchado se le daba un cargo. Para la búsqueda del consenso se producía la repartija de cargos. Esto es lo que evita este proyecto actual.

• Corrección

La sinceridad de Cristina Kirchner y la minuciosidad de Yoma como historiador de las instituciones iluminan bien lo que significa la ley que se aprobará, casi seguramente, mañana. Es antes que otra cosa la corrección de lo que el peronismo se vio obligado a hacer en 1998, cuando aprobó un Consejo diseñado según el gusto de la Alianza, es decir, de la UCR y el Frepaso. En aquel entonces, envuelto por el escarnio de «la servilleta», después de haber caído en las elecciones de 1997 y abriendo paso al triunfo adversario de 1999, a los peronistas no les quedó otra salida que doblegarse ante las pretensiones de la oposición. Ahora el país está ante una operación curiosa y, si se permite, cínica. La casualidad o el manoseo institucional en el que incurre la clase política quisieron que los mismos actores que crearon este Consejo sean los que se proponen corregir su obra 8 años más tarde.

Cristina Kirchner tuvo algún pudor por este giro. Confesó que ella, cuando fue constituyente en Santa Fe, no estuvo de acuerdo con la creación del Consejo pero, claro, el Núcleo de Coincidencias Básicas pactado para reformar la Constitución le impedía negarse a ese cambio. Yoma, en cambio, no pudo excusarse por su cambio de postura: cuando le fue reprochado ya no era más senador. Pero el 22 de diciembre Ricardo Gómez Diez se divirtió en la sesión del Senado con citas en las que el Yoma de 1998 defendía lo que el Yoma de 2005 denostaba y buscaba reformar. En la presentación de Gómez Diez también hubo, claro, dos Miguel Pichetto: el Consejo que ahora se deplora fue promovido por el presidente del bloque de senadores peronistas cuando éste presidía la Comisión de Justicia de la Cámara baja.

Esta incoherencia, sin embargo, es engañosa. El gobierno de Kirchner viene, en la figura de la esposa del Presidente, a enmendar lo que en 1998 fue nada más que un lapsus. Volver a poner a la Magistratura bajo el imperio de la política y, más específicamente, del Poder Ejecutivo, es una pretensión coherente con la conducta del peronismo durante la historia constitucional reciente.

• Trueque

Si se reconstruye la lógica del Pacto de Olivos, en el cual Carlos Menem y Raúl Alfonsín definieron la política de la última reforma a la Carta Magna, se advertirá una transacción muy clara. El radicalismo, con la hipótesis de que gobernaría el país en menos oportunidades que el PJ, se preocupó por quitarle facultades al Ejecutivo. El propio Alfonsín sintetizó su acuerdo como un cambio de «tiempo por poder». Es decir, le dio la posibilidad de la reelección al Presidente a cambio de achicar el campo de sus atribuciones. La elección directa del intendente porteño, la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, el ballottage, el tercer senador para la minoría, la reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia, la determinación del Ministerio Público como un órgano extrapoder, la delegación de la Auditoría General de la Nación para la primera oposición del Congreso y la creación de un jefe de Gabinete susceptible de ser removido por una mayoría especial del Congreso fueron los dispositivos a los que confió Alfonsín aquel recorte a las facultades del poder administrador. El Consejo de la Magistratura, integrado por políticos, jueces y abogados (en general, por razones culturales, más proclives al radicalismo que al PJ) fue un instrumento más en esa operación del ex presidente radical.

Si se realiza un balance de la reforma constitucional se advertirá que, a esta altura, el peronismo procuró, sin estridencias, neutralizar lo que su contrincante histórico le había arrebatado. Los decretos nunca fueron reglamentados; el jefe de Gabinete es hoy un ministro menos gravitante que el de Economía y el de Infraestructura y rinde cuentas escasas al Congreso; los fiscales obedecen al procurador y éste tiene tanta afinidad con el gobierno como antes de 1994; el ballottage quedó reducido a un mezquino 45% -siempre que la segunda fuerza no quede a más de 10 puntos de la primera, para lo cual sólo hace falta superar 40%-; y el tercer senador por la minoría termina en manos de la mayoría gracias a ardides electorales.

La ley que, casi seguramente, sancionará el oficialismo mañana en la Cámara baja es el último movimiento de recuperación de atribuciones perdidas por parte del Ejecutivo en la reforma de 1994. Que Yoma haya sido el autor de aquellas concesiones y el de estas reconquistas es sólo una lente de aumento sobre la evidencia. Importa poco que Kirchner se considere o no peronista, que su gobierno sea la inauguración de una nueva fuerza política o sólo la máscara de la que, con las mutaciones de cualquier entidad histórica, viene protagonizando la vida pública desde 1945. Lo que es indudable es que con la iniciativa que amadrinó su esposa agregó un ladrillo a la arquitectura que viene reconstruyendo el peronismo (el de Menem, el de Duhalde, el de Romero, el de Marín). Kirchner pone las cosas en el lugar del que Menem se vio forzado a sacarlas. Para la larga duración del rodaje de la Constitución del '94, el santacruceño le rinde así su propio homenaje al PJ. Y éste a la Constitución histórica del '53, la de Juan Bautista Alberdi, para quien sólo estableciendo un poder concentrado y fuerte esta república encontraría el orden perdido con el colapso de la monarquía española.

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