La CIDH reclamó "medidas" al Gobierno para determinar el paradero de Maldonado

Política

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado argentino que "adopte las medidas necesarias para determinar la situación y paradero de Santiago Maldonado" e informe "sobre las acciones adoptadas a fin de investigar" los hechos que derivaron en su desaparición.

El organismo internacional, que recientemente se pronunció sobre el caso Milagro Sala, ahora otorgó "una medida cautelar para la protección de los derechos de Santiago Maldonado", tras analizar las alegaciones de los solicitantes y del Estado argentino.

"La Comisión concluyó que los derechos a la vida e integridad personal de Santiago Maldonado se encuentran en una situación de grave riesgo, puesto que desde el 1 de agosto de 2017 hasta el día de la fecha no se conoce su destino o paradero", advirtió la CIDH en su resolución.

Este órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA) tomó en cuenta para su pronunciamiento las denuncias de los organismos de derechos humanos solicitantes, según las cuales el joven artesano fue objeto de una desaparición forzada desde que se le viera por última vez el 1 de agosto pasado, mientras era golpeado y cargado a una camioneta blanca de Gendarmería, en el marco de un operativo que habría tenido lugar en la comunidad mapuche "Vuelta del Río Pu-Lof", departamento de Cashumen, provincia de Chubut.

Asimismo, la CIDH consideró que, "no obstante el tiempo transcurrido desde la presunta desaparición, y con base en los informes suministrados por ambas partes, no se contaría con información sustancial en la actualidad sobre el destino o paradero de Santiago Maldonado, a pesar de las denuncias interpuestas".

Ante esta situación, la entidad que vela por los derechos humanos le solicitó al Estado argentino que adopte "las medidas necesarias para determinar la situación y paradero de Santiago Maldonado, con el fin de proteger sus derechos a la vida e integridad personal".

Además le pidió que "informe, dentro del plazo de 10 días, contados a partir de la fecha de la presente resolución, sobre la adopción de las medidas cautelares requeridas y actualice dicha información en forma periódica".

El dictamen de la CIDH se suma al ya realizado en el mismo sentido por el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU tras una presentación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

El Ejecutivo argentino, de hecho, había señalado que no correspondía que la Comisión se pronunciara "en igual sentido" que las Naciones Unidas, tras el primer pronunciamiento, por lo que consideraba que se debía declarar la "incompetencia" de su solicitud de información.

"El Estado aportó información detallada en relación con las investigaciones que se están llevando a cabo en su informe presentado en el marco del artículo XIV de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, el cual tiene una naturaleza confidencial", detalló el Gobierno en su respuesta a la CIDH.

En cambio, la entidad aseguró que su reglamento no contempla que las presentaciones de otros organismos sean un "impedimento para pronunciarse acerca de una solicitud de medidas cautelares".

En su resolución, el organismo aclaró además que este recurso y su adopción "no constituyen prejuzgamiento sobre una eventual petición ante el sistema interamericano en la que se aleguen violaciones a los derechos protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos aplicables".

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