La Coalición Cívica presentó un proyecto para derogar el decreto que restringe el acceso a la información pública

El bloque de diputados argumentó que las limitaciones que busca imponer el Gobierno sólo pueden ser reglamentadas por una ley sanciona por el Congreso.

La Coalición Cívica cuestionó el decreto del Gobierno. 

La Coalición Cívica presentó un proyecto de ley en Diputados que propone derogar el decreto promulgado por el Gobierno que restringe el derecho al acceso a la información pública.

Según argumentó el bloque dirigido por Juan Manuel López, la Constitución Nacional y un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinan que restringen el alcance de los decretos para regular respecto al acceso a la información pública.

"Las limitaciones al derecho de acceso a la información solo pueden estar establecidas en forma excepcional por una ley del Honorable Congreso de la Nación y deben ser interpretadas en forma restrictiva, siempre a favor de garantizar el derecho de acceso a la información pública", señalan los autores del proyecto de ley.

En ese sentido, remarcaron que "las excepciones fueron clara y taxativamente establecidas por la Ley n° 27.275 no pudiendo incorporase nuevas excepciones o interpretaciones restrictivas por vía reglamentaria, ni tampoco pudiendo hacerlo a través de una interpretación con alcance general".

La iniciativa fue presentada por Victoria Borrego, Juan Manuel López, Marcela Campagnoli, Maximiliano Ferraro, Mónica Frade y Paula Oliveto.

Organizaciones civiles rechazaron el decreto que modifica la ley de Acceso a la Información Pública

Por su parte, organizaciones civiles y sociales sin fines de lucro también rechazaron la modificación de la que dispuso el Gobierno a través del decreto 780/24. Aseguran que busca restringir un derecho fundamental para la democracia y denuncian que es una "seria regresión" en la transparencia estatal.

Además, expresaron su "preocupación" por la normativa y aseguraron que "intenta restringir el derecho de Acceso a la Información Pública".

El documento lleva la firma de 20 asociaciones, entre las que se encuentran Poder Ciudadano, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), Directorio Legislativo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional y la Escuela de Fiscales, entre otros.

En la misma línea se pronunció el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez: "Atenta contra un derecho considerado esencial para el sistema democrático".

A través de su cuenta oficial en la plataforma X (ex Twitter), el letrado constitucionalista señaló que "el decreto 780/2024 que tiene por objeto reglamentar la ley 27.275 de acceso a la información pública modificando la anterior norma reglamentaria (el decreto 206/2017)es inconstitucional por alterar irrazonablemente sus contenidos desconociendo lo establecido por el art. 28 de la Constitución argentina y por el art. 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos".