La Corte Suprema de Justicia pidió a San Juan y al Estado Nacional los informes de impacto ambiental sobre el proyecto binacional minero de Pascua Lama con el fin de poder laudar en una demanda por el posible "daño ambiental" que éste podría generar, informaron fuentes judiciales.
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El máximo tribunal dio un plazo de veinte días a la provincia para que le remita los expedientes incorporados en la concesión de explotación otorgada a dos subsidiarias argentinas de la minera canadiense Barrick Gold Company en 2006.
También pidió a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación que le remita los estudios de impacto disponibles al rubricarse, en 2004, el protocolo de complementación minera con Chile referido al Proyecto Minero Pascua-Lama.
El proyecto, aún en construcción y con una inversión anunciada de 5.000 millones de dólares, se dedicará a la explotación de oro y plata en una mina a tajo abierto a 4.000 metros de altura en la frontera entre ambos países, en la región chilena de Atacama y en el paraje sanjuanino de Lama.
La Corte hizo su lugar así a un pedido de la Procuración de información adicional sobre la causa iniciada por Ricardo Marcelo Vargas.
Este particular invocó su calidad de afectado y vecino de la provincia de San Juan para demandar al Estado provincial y a las empresas Barrick Exploraciones Argentinas S.A. (Beasa) y Exploraciones Mineras Argentinas (EMA) S.A..
Con la firma de los ministros Rciardo Lorenzetti, Elena Highton, Juan Carlos Maqueda y Enrique Petracchi, el tribunal sostuvo que "los hechos que se denuncian exigen de esta Corte el ejercicio del control encomendado a la justicia sobre las actividades de los otros poderes del Estado y, en ese marco, la adopción de las medidas conducentes que, sin menoscabar las atribuciones de estos últimos, tiendan a sostener la observancia de la Constitución Nacional".
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