La emprende Macri con los contratistas del Estado

Mauricio Macri espera que en los próximos días la Legislatura avance con una ley que le permitirá revisar la situación de todos los concesionarios del Estado porteño. Muchos de ellos gozan de privilegios inimaginables, como tener costos irrisorios para la explotación de predios en las zonas más caras de la Capital Federal, un clásico que provocó escándalos en todas las épocas en la Ciudad. Busca ahora Macri una ley que le dé amparo político a la medida, aunque se discuta que podría revisar esos contratos sólo por decreto. Es lógico: las concesiones públicas son un tema que el jefe de Gobierno conoce bien, al igual que su familia y seguramente sabe que sus decisiones pueden complicarse.

Mauricio Macri

El macrismo definirá hoy si tramita o no con urgencia la sanción de la norma pedida por Mauricio Macri para revisar la situación de las concesiones de predios y servicios otorgados en la Ciudad de Buenos Aires.

Macri ha delegado en los legisladores porteños la decisión de arremeter contra todos los concesionarios de la Capital Federal, es decir, con aquellos que explotan predios o servicios en el distrito. Para eso, el jefe de Gobierno ha enviado un proyecto de ley que la mesa del bloque PRO definirá hoy, junto al jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, si le da urgencia al tema y lo impone para una última sesión extraordinaria de verano que se realizaría este jueves, o bien lo pasa para el ciclo de ordinariasque comienza la semanaque viene.

Macri ha decidido revisar todas las concesiones, desde calesitas hasta carteles publicitarios o subterráneos, con la idea de actualizar los valores y los plazos de otorgamiento.

Decreto

Sin embargo, el jefe de Gobierno podría hacer ese trabajo a través de un decreto sin necesidad de padecer el trámite legislativo, pero Macri busca darle más fuerza política a la medida y cree que una ley le evitará algunos avatares. Toma el caso de Fernando de la Rúa, quien cuando gobernó la Capital Federal hizo lo propio por decreto, pero luego tuvo que atajar numerosos reclamos judiciales.

En cambio, consideran que una ley no tendría en el futuro las mismas quejas.

El proyecto ya está en cuatro comisiones legislativas: Judiciales, Presupuesto, Desarrollo Económico y Obras Públicas.Pero la mayor discusiónes precisamente si corresponde a los legisladores sancionar una ley para la revisión de las concesiones o si bien es más conveniente la firma de un decreto. Esa es la resistencia por estas horas de la firma del despacho sometido al análisis de las comisiones.

Cálculo

El gobierno de Macri ha calculado que las concesiones otorgadas en la Ciudad suman unas 520, dentro de las cuales cerca de 150 están ya vencidas, agregando además aquellas cuyos canones pueden resultar hoy irrisorios.

En ese sentido, uno de los casos que tomó Macri fue el de la publicidad callejera, casi una de las primeras medidas de su gobierno que consistió en pactar con las empresas un nuevo pago más acorde con la realidad.

Entre los predios que la Ciudad tiene otorgados a terceros figuran desde estacionamientos hasta el Paseo de la Recova, que el ex jefe de Gobierno Jorge Telerman renovó por $ 27 mil mensuales fijos por 15 años.

Pero Macri no quiere tomar la decisión sin el acuerdo con la Legislatura, por eso planteó la prioridad para la sanción de esa norma.

Una vez que la ley fuera aprobada, los concesionarios contarán con 30 días para presentar toda la documentación que acredite la explotación de la que están haciendo uso. Con ese trámite, el Gobierno porteño revisará cada una de las situaciones y desalojará a aquellos que no cuenten con el permiso correspondiente por un lado, y por otro comenzará a actualizar los cánones. Además, el Gobierno porteño detectó directamente la falta de pago de los cánones en algunos casos.

Macri sumará a esa medida la anunciada la semana pasada tras el incendio ocurrido en un edificio del barrio de Once. El Gobierno porteño decidió que revisará también la situación de todas las habilitaciones en la Ciudad de Buenos Aires, con un mecanismo similar que obligará a los comerciantes a presentar la documentación que avale que el local que explotan está permitido para la actividad que realizan.