La Iglesia y Santo Tomás

Santo Tomás de Aquino advertía que el derecho de rebelión contra el tirano debe graduarse en función de las posibilidades de triunfo para no acentuar su poder. La Iglesia argentina decidió postergar hasta mañana, por lo menos, la carta del Vaticano al gobierno argentino con exigencias sobre el caso del vicario castrense, Antonio Baseotto. En definitiva, se trata de llegar a una entente amistosa con el gobierno de Kirchner en lo posible o no agrandarlo. No son de despreciar las armas del gobierno. Por ejemplo, hace pagar el sueldo a todos los obispos, sacerdotes y hasta 1.600 seminaristas, cada uno de los cuales percibe como beca entre $ 600 y $ 800.

Néstor Kirchner

Agunos dicen que está en juego algo más que la destitución de un obispo y que quizá se trate de la posibilidad de que Néstor Kirchner derogue un decreto firmado por el último gobierno militar, que otorga una partida presupuestaria a los obispos del país (equiparable al sueldo de un juez de primera instancia) y una beca para cada seminarista de hasta $ 800. La sospecha surgió ayer entre representantes de la jerarquía católica local tras conocerse el compás de espera que la Nunciatura decidió marcar a la publicación de la dura carta que el Vaticano envió en relación con el pleito por la supresión del capellán Antonio Baseotto.

La suposición guarda cierta lógica: actualmente se destinan más de 13 millones de pesos para cubrir los salarios de 120 obispos y 470 sacerdotes y las becas de 1.650 seminaristas, sin contar los sueldos de los 50 capellanes con rango militar que integran el Vicariato Castrense.

El temor instalado en la Iglesia es que, tras el escándalo mediático que este enfrentamiento ha generado, el Presidente anule un decreto firmado por el ex presidente de facto Reynaldo Bignone en virtud de la hostilidad manifiesta de Kirchner por los gobiernos militares.

«De esa manera -explicó una alta fuente eclesiástica- se perdería el sustento económico que hoy reciben los religiosos argentinos, y eso sería una consecuencia gravísima.»

El Gobierno ya dio la primera señal. El secretario de Culto, Guillermo Olivieri, confirmó la intención de Kirchner de pedir la revisión del acuerdo que el Estado argentino mantiene con la Santa Sede desde 1957, que dio lugar a la creación del Vicariato Castrense.

Oficialmente la explicación de la cúpula religiosa es otra. Ayer, cerca del mediodía, un cónclave de purpurados tomó la decisión más diplomática: la carta secreta no se dará a conocer hasta que el canciller Rafael Bielsa regrese de su viaje por Turquía, algo que ocurrirá recién el próximo fin de semana.

Otra opción sería que el texto se conozca mañana tras un encuentro con el vicecanciller, Jorge Taiana.

Sólo así la Iglesia evitará que se la acuse de esquivar los carriles normales, al tiempo que sin duda logrará enfriar -al menos por unos días- el rebote de la polémica.

«La carta está, pero la aparición pública haría estallar el ánimo del gobierno», afirmó la misma fuente.

La decisión de frenar la misiva también estuvo ligada con la serie de declaraciones en este sentido que realizaron varios obispos del país en las homilías pascuales. El más crítico con Kirchner fue el arzobispo de Buenos Aires, cardenal Jorge Bergoglio, que acusó elípticamente al Presidente de ser «autosuficiente, petulante y soberbio».

Las declaraciones de Olivieri embarran, sin embargo, el terreno de la conciliación: «Los acuerdos siempre son revisables. Muchos de ellos fueron hechos en épocas de gobiernos de facto, y más allá de su institucionalidad, discutible o no, creo que han quedado también en la historia como modelo». Al respecto, también planteó que «cada familia militar» debería poder practicar el culto que «le parezca conveniente», pero aclaró que esta decisión se debería discutir a través del diálogo, en buenos términos y «no en medio de un conflicto entre las partes».

El convenio en cuestión data del 28 de junio de 1957 y fue suscripto durante las gestiones del papa Pio XII y el ex presidente de facto Pedro Eugenio Aramburu, sobre jurisdicción castrense y asistencia religiosa de las Fuerzas Armadas, y que fue actualizado mediante intercambiode notas en 1992. El funcionario de la Cancillería planteó así un tema que es analizado en el gobierno desde que se tensaron las relaciones con el Vaticano, luego de que Kirchner firmó el Decreto 220, por el cual se retiró el acuerdo a la designación de Baseotto al frente del Vicariato de las Fuerzas Armadas.