La Justicia intervino el Partido Justicialista
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En marzo de 2004 se convocó a la realización de un Congreso Nacional para elegir nuevas autoridades partidarias, pero los dirigentes designados presentaron su renuncia momentos después de la elección y hasta el momento el PJ continúa en una situación de acefalía.
La jueza estimó que esa situación "no puede prolongarse más en el tiempo", por lo que "no se vislumbra otra solución más idónea que la designación de un interventor judicial con un mandato expreso de normalización partidaria".
"El interventor judicial se constituirá en el instrumento de unidad que permita llevar a cabo el proceso de normalización de la entidad, con métodos de conciliación que permitan lograr una convivencia armónica de las mayorías verificando también y en todo momento el estricto cumplimiento del principio fundamental de respeto a las minorías", estimó la jueza.
Servini de Cubría analizó las "particulares circunstancias políticas por las que atraviesa el partido" y estimó que su actual grado de fractura amerita la intervención judicial.
"El grado de división interna alcanzado registra pocos antecedentes en la vida de la institución, lo que parece hacer imposible cualquier intento de acercar posiciones con el fin principal de lograr la elección de autoridades partidarias", añadió la jueza.
En esta línea, aclaró que la gran mayoría de los afiliados "permanece al margen de las disputas internas que desgarran a la institución y observan -con asombro- como los desacuerdos personales o programáticos afectan de manera sensible la propia existencia del partido".
Para la magistrada, los afiliados al PJ "no pueden quedar desamparados frente a la incapacidad de sus dirigentes de dirimir sus diferencias en el seno de la entidad".
También alertó sobre el peligro de una "posible fractura que podría culminar con la división irreconcibliabe del partido, lo que podría atentar contra la propia existencia del mismo".
La causa se inició por la presentación que hicieron los afiliados Darío Cordono, Jose Antonio Silva, Alejandra Angela Bornico, Roberto Mercon y Susana Yeza, quienes además de la intervención habían reclamado la nulidad del Congreso Nacional de marzo del año pasado.
Esos afiliados habían proclamado también al dirigente Rubén Manusovich como presidente provisorio del partido, pero la jueza rechazó esa pretención y aclaró que la vía adecuada para la designación de autoridades son las elecciones internas.
La jueza estableció que el interventor Ruiz deberá presentar informes mensuales al juzgado detallando las actividades que se realizan para la normalización del partido.




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