La Justicia ordenó la liberación de Zanola
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Juan José Zanola
Pero por orden de la Cámara, que declaró nula las prórrogas de las prisiones preventivas, Oyarbide tuvo que volver a expedirse y fundamentar su decisión de por qué resolvió extender por un año más la detención de los dos que ya lleva detenido tal cual lo habilita la ley.
No obstante, la Cámara volvió a criticar al juez Oyarbide como lo hizo en anteriores ocasiones, al asegurar que hubo una "deficiente técnica investigativa".
"No sólo porque gran parte de su desarrollo argumental apunta en dirección a la actividad procesal pasada, sino porque aún en esta última, y pese a que en múltiples oportunidades se indicaron aquellas medidas concretas que, con celeridad, correspondería realizar, la demora no surgió de la propia naturaleza de los hechos investigados sino de la deficiente técnica investigativa seguida en los actuados", añadió la Cámara.
Para la Cámara, el juez debe verificar no sólo "la concurrencia de riesgos procesales sino que también debe demostrarse por qué, en una investigación en la que la detención ha superado el plazo aludido por la citada normativa, su continuidad es inevitable para garantizar su finalidad".
"Y es precisamente esta última circunstancia la que impide sustentar la decisión adoptada, en tanto no surgen de ella las razones que la habilitarían", sostuvo la Cámara.
Si bien hay una "gravedad de las imputaciones que enfrenta Zanola, es preciso adoptar una decisión que compatibilice la necesidad de asegurar la sujeción futura del nombrado al proceso en vistas a una efectiva aplicación de la ley penal".
En su decisión, los camaristas resolvieron "no homologar la prórroga de un año dispuesta por el señor Juez", y así resolver "el cese de la prisión preventiva que pesa sobre Zanola, quien deberá recuperar su libertad en estas actuaciones y de no mediar impedimentos previa satisfacción del monto de la caución real que fije el instructor y de la firma del acta compromisoria de las obligaciones".
Zanola permanecía detenido en Ezeiza desde el 30 de noviembre de 2009 por orden del juez Oyarbide, quien le imputa ser "jefe" de una asociación ilícita, y lo mismo respecto al empresario de la droguería "San Javier" Lorenzo.
Lorenzo es también conocido como el "Yabrán de los medicamentos", y está vinculado con aportes de fondos por medio de testaferros a la campaña kirchnerista del 2007.




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